Paisaje protegido, modelo inclusivo de conservación del paisaje protegido

Paisaje protegido, modelo inclusivo de conservación del paisaje protegido

El paisaje protegido, una propuesta para un nuevo modelo inclusivo de conservación

Guido Coppari
(c) Maestría en Áreas Protegidas y Conservación de la Naturaleza

RESUMEN

El enfoque del paisaje protegido (Aproximación al Paisaje Protegido) es un método de gestión de las áreas protegidas y del territorio en general, que reconoce la existencia de un paisaje y, a partir de una reflexión sobre lo que esto implica en términos de percepción del entorno y la vida, incluye a la comunidad. como actor activo en la gestión. Esta idea se ha insertado en un nuevo paradigma de áreas protegidas, donde la comunidad es un elemento central.

En el contexto actual es necesario preservar más áreas protegidas, porque de lo contrario la conservación no tendrá éxito. Paradójicamente, la prioridad pasada de proteger sobre todo áreas con "menor impacto humano" impide la recuperación de áreas con "mayor impacto humano", porque alejan a la comunidad y limitan su participación en el mantenimiento de los ecosistemas y sus funciones ecosistémicas.

Palabra clave: Paisaje protegido, áreas protegidas, conservación, comunidad.

RESUMEN

El enfoque del paisaje protegido es una forma de gestión de las áreas protegidas y de todo el territorio en general, que valora la existencia del paisaje y, considerando las implicaciones de las percepciones ambientales y la vivencia, incluye a la comunidad como actor activo de la rectoría. Esta idea es la base de un nuevo paradigma de área protegida, donde la comunidad es un elemento clave. Hoy es necesario conservar el territorio sobre las áreas protegidas, porque la conservación lo necesita para el éxito. La prioridad de la vida silvestre podría dificultar la recuperación de las áreas más alteradas, cuya contribución espacial y ecológica es importante para preservar los ecosistemas y sus funciones.

Palabras clave: Paisaje protegido, áreas protegidas, conservación, comunidad.

TEMA:

Introducción: El enfoque del paisaje protegido / El enfoque del paisaje protegido
Relación áreas protegidas y comunidades
Aproximación al paisaje protegido
Conclusiones

Autor

GUIDO COPPARI
Médico forestal de la Universidad de Padua, Italia; / Magíster en Áreas Protegidas y Conservación de la Naturaleza (c), Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de [email protected]
Ingeniero Forestal, Universidad de Padua, Italia; / Maestría en Áreas Protegidas y Conservación de la Naturaleza (c), Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de [email protected]

INTRODUCCIÓN: Enfoque del paisaje protegido / El enfoque del paisaje protegido

El paisaje se ha interpretado en múltiples sentidos y en muchas disciplinas distintas. Hoy, por pertenecer a un área transversal, esta temática tiene un gran potencial como concepto rector que sienta las bases para un estudio interdisciplinario del territorio. Por tanto, referirse al "paisaje protegido" no significa hacer una simple yuxtaposición de conceptos, sino que también es un punto de inflexión que considera en conjunto la experiencia del paisaje y la de la protección del territorio, reconociendo la necesidad de una visión global. para crear soluciones a largo plazo.

INFORME DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDAD

En cuanto a las estrategias de conservación, las áreas protegidas representan un espacio privilegiado en el que se enfocan las acciones de gestión y planificación ambiental, sin embargo, los cambios espaciales y temporales a gran escala en el territorio no se limitan a estas áreas y requieren una visión más completa de los entorno natural. En este sentido, las áreas protegidas no son islas sino que forman parte de una matriz, según el caso, natural o modificada por el ser humano.

La existencia y efectividad de estas áreas depende de la conectividad del medio ambiente con las áreas circundantes. Por tanto, la gestión debe incluir el territorio modificado por la comunidad.

Si analizamos las relaciones entre las áreas protegidas y la comunidad a lo largo de los siglos XX y XXI, hay signos distintivos, es decir, la comunidad ha sido considerada una amenaza o un aliado. Primero, la comunidad humana ha sido excluida de las áreas protegidas, incluso a costa del aislamiento, para proteger la biodiversidad de la presión de la actividad humana.

Las primeras áreas protegidas del mundo, incluidas las áreas protegidas chilenas (y en Italia, el Parque Nacional Gran Paradiso), adoptaron como referencia el "modelo Yellowstone", reproduciendo el ejemplo del Parque Nacional homónimo creado en 1871, es decir decir "para mantener un lugar incontaminado, sin alterar su "desierto"“ (1) admitir visitantes pero no habitantes en el interior"(Brown et al., 2005).

Esta gestión se sustenta en el postulado del equilibrio ecológico: "la naturaleza es un sistema cerrado y equilibrado". Por tanto, las áreas protegidas, como muestras representativas de esta "tierra salvaje" o "desierto”, “eran unidades estables, independientes y resilientes"(Sepúlveda et al., 1997). Este modelo fue lo que produjo el sistema de parques nacionales y reservas que existen hoy en todo el mundo. Sin embargo, a partir de la década de 1970 se inició la crítica a la anterior concepción insular y autosuficiente de las áreas protegidas, difundiendo un enfoque sistémico: "la naturaleza es un sistema abierto, continuo y dinámico"(Pickett y Ostfeld, 1995).

Se reconoció que las áreas protegidas no deben ser "áreas protegidas de papel"(Brown y Mitchell, 2000), es decir, solo ficticio, como"Una vez establecidos por ley, su efectividad es limitada sin modelos de gestión inclusivos, los cuales se basan en la participación de la comunidad local y en los paisajes naturales desprotegidos en los que se insertan."(Borrini-Feyerabend, 1996).

Así la comunidad se ha convertido en un interlocutor activo cuya contribución es fundamental para lograr los objetivos de conservación.

EL ENFOQUE DE PAISAJE PROTEGIDO / EL ENFOQUE DE PAISAJE PROTEGIDO

La población actual está aumentando y esto ha llevado a la ocupación de los espacios disponibles, hoy la especie humana ha completado la expansión horizontal, a saber "el mundo entero es hasta cierto punto la huella de la presencia humana"(Sanderson et al., 2002). Por tanto, la conservación solo es posible gracias a nuevas estrategias que involucren a la comunidad humana, reconociendo su papel activo y la experiencia de convivencia con la biodiversidad que se ha dado en muchos lugares. Así, en el V Congreso Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica (UICN, 2003), se apoyó una nueva idea de área protegida que subraya el papel central de la comunidad residente, denominada "Enfoque de paisaje protegido”(Aproximación al paisaje protegido).

Este concepto aplica una visión de la naturaleza y la sociedad en su conjunto, ya que "Los paisajes protegidos son paisajes culturales que han evolucionado conjuntamente con la sociedad humana que los habita y son el punto de contacto entre la diversidad cultural y biológica."(Brown et al., 2005).

Este nuevo paradigma se diferencia en muchos aspectos del modelo anterior: "la gestión se centra más en los residentes que en los visitantes, integrando la existencia de áreas protegidas con las necesidades de la población local y el valor cultural de la naturaleza; La percepción local se incluye en la gestión de las áreas protegidas y las áreas protegidas constituyen una red, donde las distintas categorías se integran para una mejor conectividad entre los espacios protegidos."(Phillips, 2003).

La idea del paisaje protegido tiene muchas implicaciones operativas importantes. Dentro de este nuevo paradigma de área protegida, no solo aquellas áreas donde hay una presencia significativa de biodiversidad, sino también aquellas áreas donde ha habido una interacción histórica con la comunidad humana, como las áreas rurales, son consideradas como un espacio de conservación. . Esto no significa simplemente extender las reglas aplicadas a las áreas protegidas a otras áreas, sino que se reconoce la existencia de un patrimonio natural ubicado fuera de las áreas protegidas y se responsabiliza a la comunidad al incluirla como actor de cambio.

La red Natura 2000 (Directiva Hábitat 1992) es un ejemplo de aplicación de este paradigma, la Comunidad Europea ha extendido la gestión de especies silvestres a todos sus hábitats, incluidas las zonas rurales y estableciendo una red ecológica de Zonas de Especial Conservación (ZEC). Esta directiva ha establecido una lista de hábitats y especies cuya conservación es una prioridad y los Estados miembros han identificado y limitado la presencia de especies y hábitats amenazados en su territorio. El punto de partida fue que los paisajes agrícolas y otras áreas gestionadas por el ser humano han mantenido a lo largo de los siglos una importante presencia de biodiversidad, que acabó ligada al tipo de uso del suelo, manteniendo así ciertos usos tradicionales del suelo y presencia de pequeños seres humanos. Los asentamientos juegan un papel importante a favor del manejo de las especies silvestres.

CONCLUSIONES

Modelo del Enfoque de Paisaje Protegido reconoce una realidad histórica: no hay paisaje sin el hombre porque la ubicuidad humana ha traído nuestra huella a casi todos los lugares, y solo la vista del hombre califica como "paisaje" y llama paisaje a lo que naturalmente era solo territorio. "Y no hay hombre sin paisaje porque hemos hecho una reciprocidad vital de este"(Martínez De Pisón, 2005).

Por tanto, uno de los retos a afrontar en el futuro es extender el tipo de gestión de áreas protegidas a un ámbito territorial más amplio, comprendiendo que en áreas como, por ejemplo, la región mediterránea de Chile, no es posible preservar las endémicas se presentan sin una visión general que incluya todas las áreas manejadas por el hombre.

El paisaje protegido se presta a crear vínculos concretos entre la sociedad y el medio natural, promoviendo una responsabilidad hacia el patrimonio natural que no se limita a las áreas protegidas, sin duda hay un patrimonio natural que hemos recibido y que también debemos gestionar para el futuro. generaciones.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Borrini-Feyerabend G., 1996. Gestión colaborativa de áreas protegidas: adaptación del enfoque al contexto. UICN, Gland, Suiza. 1-67p.

Brown J., Mitchell N., 2000. El enfoque de la corresponsabilidad y su relevancia para los paisajes protegidos. En: El Foro de George Wright. 17 (1): 70-79 pág.

Brown J., Mitchell N., Beresford M., 2005. El enfoque del paisaje protegido, que une naturaleza, cultura y comunidad. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

Comisión Europea, 1992. Directiva Hábitat 92/43 / EEC. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea, Luxemburgo.

Martínez De Pisón E., 2005. Significado cultural del paisaje. Publicaciones del Centre Universitari Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) III Seminario Internacional sobre Paisatge “Paisatges incógnits, territoris ocults: les geografies de la invisibilitat", 13-14 de noviembre de 2003, Barcelona, ​​España.

Phillips A., 2003. Dando la vuelta a las ideas: el nuevo paradigma de las áreas protegidas: paisajes protegidos. En: El Foro de George Wright, 20 (2): 8-32 pág.

Pickett S.T.A., Ostfeld, R. S., 1995. El paradigma cambiante en ecología. En: Un nuevo siglo para la gestión de los recursos naturales, Knight R.L Y Bates S.F. (Eds.), Washington, EE. UU., Island Press. 261-278 p.

Primack, R., Rozzi R., Feinsinger P., 2001. Establecimiento de áreas protegidas. En: Primack R., Rozzi, R., Feinsinger, P., Dirzo R., Massardo F., Fundamentos de Conservación Biológica. Fondo de Cultura Económica, México, DF. 449-475 pág.

Sanderson, E. W., Malanding, J., Levy M. A., Redford K. H., Wannebo, A. V., Woolmer G., 2002. La huella humana y lo último de lo salvaje. En: Biociencia. 52 (10): 891-904 pág.

Sepúlveda C., Moreira A., Villarroel P., 1997. Conservación biológica fuera de las áreas protegidas silvestres. En: Ambiente y Desarrollo, 13 (2): 48-58 pág.

UICN, 2003. El Acuerdo de Durban. Congreso Mundial de Parques, 8-17 de septiembre de 2003, Durban, Sudáfrica.

Nota

(1) Un área no contaminada o desierto en contraste con aquellas áreas donde el ser humano y su actividad dominan el paisaje, se reconoce como un área en la que la tierra y su comunidad de seres vivos no están unidos con el ser humano, donde el ser humano ser es un invitado que no se queda. Ley de zonas silvestres de 1964.

REVISIÓN AMBIENTAL TOTAL. ISSN 0717.9839. NÚMERO 2, ENERO DE 2009


Conozca Proteger Compartir

Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP)

Proyecto en Bosnia Herzegovina: Biodiversidad para el desarrollo local. Modelo innovador de gobernanza participativa del paisaje protegido de Konjuh en Bosnia Herzegovina / BioSvi AID 10938

3 de julio de 2018

Finalizó la visita de estudio del grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Marche integrado por la Prof. Simona Casavecchia y la Dra. Roberta Gasparri. Durante la visita de estudio se realizaron 35 relevamientos fitosociológicos en diversas áreas del Paisaje Protegido de Konjuh con el fin de profundizar en el estudio de algunos hábitats interesantes desde el punto de vista botánico-vegetativo.

Las investigaciones botánicas se han centrado principalmente en pastizales secundarios para la siega y pastoreo de los animales ya que representan ecosistemas de gran interés ya que constituyen un importante recurso forrajero para la cría, además de gran valor para la conservación de la biodiversidad a nivel europeo.

El segundo objetivo de la investigación fue la profundización del conocimiento sobre los pinares de pino blanco y pino negro que se encuentran muy extendidos especialmente sobre sustratos de serpentina y peridotita y representan un hábitat completamente original de estos territorios. Son de gran interés conservacionista por lo que es necesario destacar su valor ya que contribuyen significativamente a la biodiversidad del PPK y de todo el territorio europeo.


Carta abierta

(por los miembros del Comité Ético - Científico de la asociación Mountain Wilderness Italia)

Al presidente de la República
Al presidente del Consejo de Ministros
A los líderes de grupo de la Cámara y el Senado
A los Parlamentarios de las Comisiones de Medio Ambiente de la Cámara y el Senado
A los presidentes de las Asociaciones Nacionales de Protección Ambiental

Nosotros, los abajo firmantes, miembros del Comité Ético - Científico de la asociación Mountain Wilderness Italia, comprometidos en diversas capacidades en la acción en defensa de los parques nacionales y la naturaleza, profundamente preocupados por la situación en la que se encuentran las áreas protegidas. firmamos el siguiente documento:

1. Los parques y otras áreas naturales protegidas terrestres y marinas, dondequiera que se encuentren en el planeta, son de extraordinaria importancia.: su gestión es un indicador fundamental del nivel de civilización de un país.

En Italia, la historia casi secular de las áreas protegidas y en particular de los parques nacionales ha constituido la parte más significativa de la historia de la conservación de la naturaleza y al mismo tiempo ha dado un impulso decisivo a la formación y el crecimiento de la conciencia ambiental de los ciudadanos y en particular de los jóvenes. Es una historia que, por sus peculiaridades, encaja de lleno en ese paisaje y en ese patrimonio histórico artístico protegido por el arte. 9 de nuestra Constitución y que encontró en los principios de la ley marco n. 394 de 1991 su adecuado alojamiento. Los resultados alcanzados son suficientes para demostrarlo: la rápida extensión del área protegida, el aumento progresivo de visitantes, el nacimiento de nuevos profesionales importantes, el avance de investigaciones científicas específicas, incluidas las interdisciplinarias.

Este patrimonio ahora está en riesgo: Las interpretaciones equívocas del papel de las áreas protegidas son desenfrenadas y somos testigos de su progresiva y progresiva marginación. Con la justificación de la criticidad de la situación económica general. Se intenta imponer un modelo corporativo a los Parques Nacionales., como si las áreas protegidas tuvieran que financiarse para justificar su existencia y no operar, con habilidades efectivas y medios adecuados, para que las comunidades locales produzcan riqueza (incluso cultural) para su territorio sobre la base de una nueva economía compatible con la conservación. de la naturaleza y la dignidad de las personas. Sobre el espejismo del made in Italy, se tiende a difundir una imagen de áreas protegidas en clave predominantemente mercantilista con matices dignos de un pro-loco en el mejor de los casos. Es una actitud que descuida sus peculiaridades y prioridades, traicionando esa relación naturaleza-persona que es su verdadera alma. Con el pretexto de la participación (en sí más que deseable, aunque en las formas adecuadas) se expulsa el componente científico de los órganos de gestión y se insertan en su lugar los intereses corporativos., como el de los agricultores y, de formas más o menos obvias, la gestión se está volviendo cada vez más local. La ausencia casi total del papel impulsor que la ley asigna al Ministerio competente no es ajena a este peligroso resultado. Todo ello está en abierta contradicción no solo con uno de los principios fundamentales de la ley marco, sino también con el convencimiento de que, ante los problemas cada vez más complejos actuales, la democracia debe lograrse buscando la línea de composición entre ciencia y política. y entre instituciones, instituciones estatales y locales en nombre de intereses generales y no partidistas. La democracia participativa no excluye, al contrario, presupone un fuerte papel de dirección y control centralizados.

De estas interpretaciones banalizadoras y "a la baja", la reciente intervención del Ministro de Medio Ambiente en Trento - una de las poquísimas, si no la única, hecha por él sobre los parques - es el fiel espejo. Según el Ministro Está bien que los parques protejan el territorio, pero hoy deben hacer algo más y diferente: deben convertirse en el motor del desarrollo de la economía local dado que la biodiversidad que contienen constituye un patrimonio económico muy rico que debe ser explotado por el Parlamento, argumenta el Ministro, se está modificando la ley marco, que es una ley de conservación, hoy envejecida e inadecuada para el presente, precisamente para permitir a las empresas que operan en el sector verde a desarrollar mediante la explotación del gran patrimonio natural, por ejemplo el arbolado, que no puede limitarse a preservar como en el pasado, sino que debe ser aprovechado económicamente. En cuanto al desmembramiento del Parque Nacional Stelvio, puede, nuevamente según el Ministro, convertirse en un modelo de esta nueva visión, precisamente porque con la división en tres partes (Lombardía, Provincias de Trento y Bolzano) las autoridades locales adquieren una mayor responsabilidad y mayores espacios de toma de decisiones. Pero olvidando que ningún otro país del mundo, hasta ahora, ha dividido sus parques nacionales de esta forma.

Las declaraciones del Ministro son, lamentablemente, un signo más de su evidente insuficiencia para cubrir el papel institucional que se le asigna, pero también son la demostración de la aproximación con la que una parte de la política, más allá del caso concreto, gestiona los asuntos públicos, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los asuntos públicos. para hacer frente a los retos medioambientales.

Es necesario tomar nota de ello y sacar las consecuencias: es una petición que el comité ético-científico de Mountain Wilderness Italia hace al mundo entero de la ciencia y la cultura, a la sociedad civil y a esa parte de la política que todavía se preocupa por el destino de lo que queda de Bel Paese. En una palabra a todas las personas de sentido común.

2. La situación, por tanto, es muy grave: es necesario y urgente dar nuevas perspectivas - y una nueva centralidad - a la política de áreas protegidas. La Carta de Fontecchio - a cuya elaboración y aprobación Mountain Wilderness ha contribuido de manera decisiva, junto con muchas de las asociaciones medioambientales italianas más importantes - ofrece indicaciones fundamentales sobre el papel que deben jugar partiendo de la consideración de que la naturaleza no tiene fronteras y que, por tanto, sólo puede salvarse si se cuida el territorio en su unidad y complejidad. En esta imagen los parques, que son las áreas protegidas más complejas e importantes, Deben preservar su función tradicional como baluarte fundamental de la conservación fortaleciéndola. como reservorios excepcionales de biodiversidad, ricos en paisajes, testimonios históricos y artísticos, belleza y al mismo tiempo, deben actuar como modelos reales de desarrollo verdaderamente sostenible.: modelos articulados y polifacéticos que no pueden ser interpretados en un sentido exclusivamente económico porque se basan en un entrelazamiento virtuoso de la participación democrática, el conocimiento científico de los problemas, una profunda relación entre las personas y la naturaleza. En el auténtico interés de toda la comunidad nacional e internacional.

Pero hay otro papel que hoy cobra especial relevancia y que se indica en la Carta de Fontecchio: La naturaleza, precisamente porque no conoce barreras físicas, es capaz de derribar las barreras existenciales, sociales y geopolíticas que dividen a la humanidad. Las áreas protegidas, consideradas como uno de los ejes de una nueva visión del desarrollo, son capaces de demostrar cómo es posible salvaguardar, con los valores fundamentales de la naturaleza, tanto los derechos de las personas, a partir de la inclusión de los más débiles , y los derechos de los pueblos y por tanto la paz entre naciones y la colaboración entre estados.

Profundamente convencido de todo esto, Inmediatamente pedimos al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros que consideren seriamente la oportunidad de devolver una importancia central al Ministerio de Medio Ambiente, Tierra y Mar, nombrando un nuevo Ministro., capaz, por cultura, formación y profundas convicciones, de actuar como un referente válido para aquella parte de la sociedad civil en la que aún no se ha extinguido la esperanza de una paz deseable entre las actividades humanas y la naturaleza. Una paz también fuertemente enfatizada por el Sumo Pontífice Francisco, en la encíclica Laudato Si.

Pedimos al Parlamento que suspenda la peligrosa y estrecha carrera actual para cambiar la ley marco y que inicie un proceso de reforma valiente, transparente y de gran alcance dirigido a la conservación de la naturaleza en todas sus posibles articulaciones.

Un proceso que no teme enfrentarse a caminos aparentemente utópicos. Porque, como enseña la Carta de Fontecchio, utópico es sólo aquello que uno no tiene el valor de afrontar.


Paisaje protegido, modelo inclusivo de conservación del paisaje protegido

Rel. Mario Grosso, Marco Devecchi. Politecnico di Torino, Maestría en Ciencias en Diseño de Jardines, Parques y Paisajismo, 2011

El paisaje italiano es un patrimonio colectivo, testigo de nuestra identidad cultural y protegido por la Constitución. Es un activo complejo y dinámico, formado por factores naturales en constante interrelación y evolución, con los que el hombre se relaciona en la definición de su propia imagen en el territorio y en el entorno. En este sentido, por tanto, el paisaje se caracteriza como un bien ambiental y cultural que siempre refleja un modo de ser antropológicamente relevante.

A través del estudio histórico de las distintas legislaciones sobre el paisaje en las que el legislador ha rebajado una expectativa social diferente, es posible profundizar en el conocimiento de un valor fundamental para el ser humano El paisaje, de hecho, es el resultado de una relación , que se concreta como proceso de identificación del hombre en un territorio que él mismo ayuda a definir.

El paisaje de un territorio es producto de la interacción de factores naturales y antropogénicos que contribuyen a dar forma al propio territorio. Estos factores son función directa de las características ambientales del territorio y tienen una incidencia diferente en las distintas partes del planeta, generando una fuerte variabilidad de la dinámica de modelado y por tanto de las formas del paisaje.

En Italia, los factores que juegan un papel principal en la formación del paisaje son la estructura geológica que influye en las formas del paisaje con sus cadenas montañosas morfológicamente diferentes debido a su disposición espacial, cantidad, diversidad estructural entre la cordillera alpina, los Apeninos y montañas de cima tabular típicas de las regiones centrales.

El factor más extendido en la configuración de las formas del territorio italiano es el régimen hídrico. Su acción se expresa sobre todo con la formación de cursos de agua. En las zonas bajas los ríos cumplen sobre todo la función de transporte y depósito del material erosionado, formando el sustrato sobre el que fluyen con sus crecidas. Las características del flujo de agua pueden llevar a que los cursos de agua dibujen bucles hasta la formación de meandros. En presencia de depresiones morfológicas, puede ocurrir estancamiento de agua, áreas pantanosas y la formación de áreas lacustres.

El clima también contribuye a la configuración del paisaje, por ejemplo, la variación de altitud y latitud influye mucho en la temperatura, las precipitaciones y, en consecuencia, la vegetación y el régimen hídrico. La presencia de vegetación en el paisaje italiano es prácticamente una constante que a menudo asume características dominantes así como en territorios no antropizados también en áreas con fuerte desarrollo agrícola.

Históricamente, uno de los principales factores en la configuración del territorio en Italia es la actividad humana. Los cambios realizados a lo largo de más de dos mil años de historia en la estructura territorial original son tan amplios y profundos que han influido de manera decisiva en el sistema paisajístico actual de nuestro país.

El paisaje, tal como lo conciben las poblaciones hoy en día, representa el resultado final de las interrelaciones entre los componentes climáticos, físicos, naturales y antrópicos que han marcado el territorio a lo largo de siglos y siglos de historia, cultura y agricultura. Donde la cultura de la gente ha permitido un desarrollo armónico, el paisaje se ha convertido en un valor económico concreto que se puede gastar en las actividades presentes en el propio territorio (agricultura, turismo, artesanía, etc.). En el pasado, las actividades agrícolas y forestales, en su estructura social, fueron los principales artífices de la connotación paisajística.

En el territorio italiano, las bellezas del paisaje están estrechamente relacionadas con la acción del hombre que, a menudo en conflicto con la naturaleza misma, ha cultivado, aterrazado, recuperado, plantado y gestionado bosques con el resultado de tener hoy bienes como, a modo de ejemplo , Toscana, Umbría, Liguria, Trentino. La mayoría de los paisajes que encontramos en el territorio nacional están, de hecho, estrechamente relacionados con la actividad del hombre, que los ha modificado y adaptado a sus necesidades, haciéndolos evolucionar hasta lo que encontramos hoy.

En la antigüedad, las condiciones para el desarrollo urbano a menudo estaban dictadas por las características naturales del territorio. Los asentamientos podrían surgir en relación a condiciones geomorfológicas, hídricas y climáticas favorables, por ejemplo en correspondencia con un río, en la base del relieve que se resguarda de los vientos. A menudo, la posición de un asentamiento dependía de necesidades estratégicas de defensa, como en el caso de las aldeas nacidas en altos cargos debido a la necesidad de controlar el territorio circundante y defenderse de los ataques externos.

La estructura urbana más extendida en el territorio italiano es la que desciende del tipo de aldea, con una relación legible entre el centro histórico y las posteriores ampliaciones en torno al núcleo original. Algunos núcleos urbanos, incluso grandes, han conservado estas características y actualmente se muestran como una unidad reconocible dentro del paisaje. En otros casos, una expansión del tejido de asentamiento se desarrolló a partir de la conformación original, generando franjas urbanas en las afueras sin una estructura legible. En ausencia de obstáculos físicos como relieves, mar y humedales, estos asentamientos se han extendido por el territorio, a veces fusionándose entre sí o dificultando la identificación de polos y jerarquías. Este es el caso de algunas áreas urbanas del Valle del Po.

En cuanto al paisaje industrial, si bien en una fase temprana del desarrollo urbano las actividades productivas (generalmente artesanales) se integraron al tejido poblacional, con el incremento de actividades más complejas ligadas al cambio de procesos productivos, hubo una tendencia a crear - distritos industriales de propósito fuera de uno o más centros de asentamiento. Este proceso de evolución y deslocalización de las actividades productivas, que generalmente se inició en la posguerra y se prolongó hasta la década de 1970 (con un pico en las décadas de 1950 y 1960), generó presiones sobre porciones territoriales progresivamente cada vez mayores, transformando radicalmente el paisaje. -existentes, a menudo de carácter rural.

En la mayoría de los casos, las áreas industriales no se integran con la morfología del territorio, pero ejercen un fuerte impacto ambiental y, especialmente en lo que respecta a los distritos locales, tienen cualidades arquitectónicas y esquemas organizativos similares, contribuyendo a la homologación perceptual de los barrios urbanos. Un tejido de pequeñas empresas, que ocupan áreas geográficas limitadas, ahora se distribuye de manera irregular por todo el territorio nacional. También existen grandes polos industriales que han influido en el desarrollo y la imagen de grandes extensiones del territorio, alternando por completo sus rasgos y equilibrios anteriores.

Actualmente, siguiendo la superación parcial del modelo industrial, muchos de estos polígonos industriales son protagonistas de extensas operaciones de regeneración y reconversión, que, si bien no logran restaurar las condiciones anteriores, tienen como objetivo reducir los efectos sobre el medio ambiente y en ocasiones transformar estos grandes zonas próximas a núcleos urbanos en parques u otras áreas con vocación turística.

Esta tesis de grado de especialista tiene como objetivo final la presentación de un proyecto para mitigar el impacto visual y ambiental de una zona industrial-artesanal en el municipio de Lagnasco. Para llevar a cabo el proyecto se intentó desarrollar en su totalidad los principales factores que contribuyen a la formación del paisaje de un territorio, desde sus elementos naturales hasta la intervención humana. A partir de una encuesta sobre el consumo de suelo en Italia por segmento de producción, se procedió a destacar los problemas ambientales generados por los sitios de producción como la contaminación en sus principales formas. Pasamos luego a la parte vital del paisaje, la del verdor, del uso y funciones de la vegetación. elemento indispensable para mitigar los impactos visuales y ambientales. También en el área de Cuneo hay muchos sitios que requieren obras de mitigación del paisaje, y es sobre la base de este concepto que se elaboró ​​el proyecto para el área de Lagnaschese.

1. Asentamientos y uso de la tierra en Italia por segmento de producción

1.1 Consumo de suelo en el segmento productivo

2. El suelo: características e importancia

2.2 Degradación y problemas del suelo

3. El paisaje: importancia, valor y papel

3.1 Definición legal y organización administrativa

3.2 Cultura y ética de la protección del paisaje

4. Problemas ambientales de los asentamientos productivos de la zona

4.2 Contaminantes y presiones ambientales

4.2.1 Contaminación del aire

4.2.3 Contaminación del suelo

4.3 Geoestabilidad: inestabilidad hidrogeológica e

impermeabilización del suelo

5. Alteración del paisaje por asentamientos productivos en la zona.

6. Métodos de intervención para mitigar el impacto de los asentamientos

6.1 Vegetación: aspectos

6.1.1 Importancia de la vegetación

6.1.2 Funciones de la vegetación

6.2 Adiciones, integración y mitigaciones del paisaje

6.2.1 Componentes perceptuales, antrópicos-culturales y naturales de

paisaje para una correcta inserción del paisaje

6.3 Mitigación de impactos ambientales

6.3.2.1 Des-impermeabilización del suelo

6.3.4 Mantenimiento y protección de la biodiversidad

6.3.5 Control del impacto acústico

6.3.6 Conservación y protección de la memoria histórica y la percepción visual del paisaje

7. Ejemplos de difusión de asentamientos productivos en la zona de Cuneo

8. Estudio de caso: obras de mitigación paisajística y ambiental en el área industrial-artesanal del Municipio de Lagnasco (CN)

8.1 Marco territorial e histórico

8.3 Documentos del proyecto e intervención propuesta

8.3.1 Intervenciones directas sobre las estructuras

8.3.2 Análisis de sombras de verano: zona oeste

8.4 Fichas técnicas de la vegetación utilizada

8.5 Cálculo de la absorción de CO2 por la vegetación e

de la producción de CO2 por los nuevos edificios planificados

8.6 Cálculo para la recuperación de agua de lluvia

8.7 Cálculo de métricas estimadas

Conclusiones y consideraciones finales

Bibliografía y sitografía

Archivos adjuntos: tablas de proyectos

- tabla 1: análisis territorial, urbanístico y histórico

- tabla 2: análisis del área de intervención

- tabla 3: recorrido fotográfico del área de intervención

- tabla 5: intervención del diseño

- tabla 6: fotomontajes y vegetación utilizados

- tabla 7: intervenciones directas sobre estructuras y análisis de sombras estivales.

AGOSTINI Franco, MARINONI Carlo Maria, Manual de diseño de espacios verdes, Zanichelli, Bolonia 1987.

BOTTA Giorgio, Cultura de viajes. Reconstrucción histórico-geográfica del territorio, Unicopli, Milán 1989.

BANCO MUNDIAL, Environmental Assessment Sourcebook, Vol. III: Guidelines far Environmental Assessment of Energy and Industry Projects, World Bank Technical Paper No. 154, Washington D.C., Estados Unidos, 1991.

BIANUCCI Giovanni, RIBALDONE Esther, El tratamiento de aguas contaminadas, Hoepli, Milán 1992.

PEDDLE M.T., Planned Industriai and Commerciai Developments in the United States: Una revisión de la historia, la literatura y la evidencia empírica sobre parques industriales y parques de investigación, en: «Economie Development Quarterly», 1993, Vol. 7 (1), págs. 10-24.

IGLESIA Guido, Contaminación de aguas subterráneas, Hoepli, Milán 1994. PICCAROLO Pietro, Espacios verdes públicos y privados, Hoepli, Milán 1995.

MILÁN Valente, Acueductos, Hoepli, Milán 1996.

PAOLETTI Alessandro, Alcantarillado urbano y sistemas de drenaje, CUSL, Milán 1996.

DERECHO A Gabriele, BAZZOCCHI Frida, El ecosistema urbano. Desarrollo racional y uso de áreas abandonadas, Piccin, Padua 1996.

FABBRI Pompeo, Naturaleza y cultura del paisaje agrícola: direcciones para la protección y la planificación, Città Studi, Milán 1997.

CORRAZZON Paolo, RONCHI Ausonio, Ciencias de la Tierra, Alpha Test Editore, Milán 1999.

CORAZZON Paolo, BERTOCCHI Stefano, Physics 2, Alpha Test Publisher, Milán 1999.

CUPERUS R., CANTERS K.J., UDO DE HAES H.A., FRIEDMAN D.S., Conservación biológica, Elsevier, Amsterdam 1999.

GISOTTI Giuseppe, BENEDINI Marcello, La inestabilidad hidrogeológica. Previsión, prevención y mitigación de riesgos, Carocci Editore, Roma 2000.

BELL Fred, geología ambiental, Zanichelli, Bolonia 2001.

NOBILE Pierluigi, MONTE Michele, VITILLO Piergiorgio, Lombardía: políticas y reglas para el territorio. Experiencias en movimiento, Alinea, Florencia 2001.

PLANO Fabio, Investigación jurídica histórica sobre los Estatutos de Lagnasco, Universidad de Turín, 2001.

RADAELLI Luciano, CALAMAI Luca, Química del suelo, Piccin, Padua 2001.

REGIÓN PIEDMONT, Criterios y directrices para la protección del paisaje, Departamento de activos ambientales, Turín 2002.

CAVALLI Silvano, CARDELLICCHIO Nicola, 77 seguimiento ambiental. Vol. 7, Nuevas técnicas, Milán 2003.

FABBRI Fabrizio, El ambiente que nos rodea, Libro de Jaca, Milán 2003.

SCUDO Gianni, OCHOA DE LA TORRE Josè, Espacios verdes urbanos. La vegetación como herramienta de diseño para el confort ambiental en espacios habitados, Sistemi editoriali, Nápoles 2003.

ZONTA Fabio, MASOTTI Paola, Contaminación atmosférica y ciclos ambientales, Servicio UNI, Trento 2003.

ANTONIELLO Donato, Agua, Libro de Jaca, Milán 2004.

GIARDINI Luigi, Agronomía ambiental y empresarial general, Patrón Editore, Bolonia 2004.

NOE 'Gaetano, contaminación acústica, Halley Editrice, Matelica (MC) 2004.

PIRANI Alberto, Verde en la ciudad. Diseño verde en espacios urbanos, Edagricole, Bolonia 2004.

FRANCO Manuela, Los parques ecoindustriales. Hacia una simbiosis entre arquitectura, producción y medio ambiente, Franco Angeli, Milán 2005.

FULIGNI Paolo, ROGNINI Paolo, Manual de Ecología Urbana y Social, Franco Angeli, Milán 2005.

LORENZINI Giacomo, NALI Cristina, Plantas y contaminación del aire, Springer Verlag, Milán 2005.

MASOTTI Luigi, VERLICCHI Paola, Purificación de las aguas de pequeñas comunidades. Técnicas naturales y técnicas de ingeniería vegetal, Hoepli, Milán 2005.

PANIZZA Mario, Manual de geomorfología aplicada, Franco Angeli, Milán 2005.

BUCH Miquel, RUBERT Mia, BOSCH Josep Maria, Guía de integración del paisaje - Polígonos industriales, sectores de actividad económica - (ES) I Cataluña, Departamento de Política Territorial i Obres Pùbliques. Generalitat de Catalunya.

ERCOLINI Michele, De las necesidades a las oportunidades. La defensa hidráulica del río, una oportunidad para un proyecto de "tercer paisaje", tesis doctoral, Facultad de Arquitectura de Florencia, prensa universitaria de Florencia, 2006.

FUENTES Luciano, Parques, redes ecológicas y reurbanización, Alinea, Florencia 2006.

TURRI Eugenio, 77 paisaje como teatro, del territorio vivido al territorio representado, Marsilio, Venecia 2006.

VALENTE Renata, La remodelación de áreas abandonadas. Conversaciones sobre el ecosistema urbano, Liguori, Nápoles 2006.

AMADEI Giorgio, SEGRE 'Andrea, El libro negro de la agricultura italiana. Cinco años de política agrícola italiana, europea e internacional, Franco Angeli, Milán 2007.

BOSCH Josep Maria, BUCH Miquel, RUPERT Mia, MALLEU Anna, Por una correcta gestión del paisaje. Directrices, Departamento de Política Territorial i Obres Pùbliques Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, Barcelona, ​​2007.

CAMPBELL Neil, REECE Jane, SIMON Eric, Biología esencial, Benjamin Cummings, Redwood 2007.

GIARDI Dario, TRAPANESE Valeria, Diccionario del medio ambiente, Alinea, Florencia 2007.

GIBELLI Maddalena, Energía, información y paisaje en «Ecosistema, paisaje y territorio: tres perspectivas complementarias en la relación entre el hombre y el medio ambiente», Sociedad Geográfica Italiana, Roma 2007.

LEONE Ugo, Environmental safety, Guide, Nápoles 2007.

SINGH Shree, TRIPATHI Rubra, Tecnologías de biorremediación ambiental, Springer, Berlín 2007.

CAMPURRA Gabriele, ROTELLA Andrea, 77 riesgo de ruido en el lugar de trabajo, Ipsoa, Milán 2008.

INGENIERO - edificación del territorio ambiental, suelos urbanos - el papel del componente ambiental del suelo en la ciudad, Gruppo Mancosu Editore Roma, n. 21-22 / 2008.

ROGNINI Paolo, (editado por), La vista ofendida. Contaminación visual y calidad de vida en Italia, Franco Angeli, Milán 2008.

REGIÓN DE PIEDMONT, Directrices para áreas de producción ecológicamente equipadas, Departamento de Políticas Territoriales, Turín 2009.

CONTICELLI Elisa, TONDELLI Simona, La planificación de áreas de producción para el desarrollo sostenible del territorio, Alinea, Florencia 2009.

PALUDI Giovanni, QUARTA Maria (editado por), Guía Lìnee para áreas productivas ecológicamente equipadas, Región de Piamonte, Departamento de Políticas Territoriales, Turín 2009.

TODARO Vincenzo, Redes ecológicas y gobernanza territorial, Franco Angeli, Milán 2010.


Paisaje protegido, modelo inclusivo de conservación del paisaje protegido

La gestión del paisaje en el Código de Patrimonio Cultural, pendiente de su reforma

Hacia la revisión del Código de patrimonio cultural y paisaje. Perfiles críticos y fortalezas del sistema de gestión del paisaje

Resumen: 1. El establecimiento de la Comisión para la revisión del Código. - 2. La configuración actual del sistema de gestión del paisaje. El arte. 146 del Código siguiendo los cambios introducidos por el art. 39 de la ley del 9 de agosto de 2013, n. 98. - 2.1. (Continuación) Los perfiles de criticidad del actual sistema de administración del paisaje: el conflicto entre el Estado y las regiones en la actividad de protección del paisaje. - 2.1.2. De nuevo sobre los aspectos críticos del actual sistema de gestión del paisaje: simplificación del sistema de gestión del paisaje. - 2.2. Los puntos fuertes del Código. - 3. Posibles soluciones a problemas críticos.

Palabras clave: Enmienda de la Administración del Paisaje del Código de Preservación y Mejora del Paisaje.

1. El establecimiento de la Comisión para la revisión del Código.

Cinco años después de los últimos decretos legislativos correctivos y complementarios del decreto legislativo 22 de enero de 2004, n. 42 Código de patrimonio cultural y paisajístico, de conformidad con el art. 10 de la ley de 6 de julio de 2002, n. 137 la práctica de la aplicación ha dejado clara la necesidad de proceder con un ajuste fino definitivo del texto en sí, sin modificar su estructura.

Por ello, recientemente se ha constituido en el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo la comisión de revisión del Código, a la que se ha encomendado la tarea de analizar las cuestiones críticas de la legislación vigente y formular propuestas precisas para la modificación de un texto cuyas disposiciones deben integrarse y aclararse en varios puntos. En la elaboración de estas propuestas, la Comisión deberá cumplir con lo establecido en el Directrices de política exhibido por el Ministro Bray en mayo de 2013 en una audiencia conjunta con las Comisiones de Cultura de la Cámara y el Senado.

En cuanto a la protección y puesta en valor del paisaje, deberá afrontar cuestiones difíciles como: la calidad de la arquitectura y el paisaje y la reurbanización de tejidos urbanos degradados, la co-planificación territorial y la relación con las regiones la protección del paisaje y las energías renovables. protección del paisaje agrícola mediante la contención del consumo de suelo.

2. La configuración actual del sistema de gestión del paisaje. El arte. 146 del Código siguiendo los cambios introducidos por el art. 39 de la ley del 9 de agosto de 2013, n. 98

Cabe señalar que la Comisión se encontrará operando en un marco muy complejo debido a varios factores.

Ante todo por la pluralidad de actores institucionales con los que será necesario realizar una difícil comparación para llegar a un texto lo más compartido posible.

En segundo lugar, por las numerosas intervenciones legislativas que recientemente [1] han modificado, a veces de manera desorganizada, numerosas disposiciones del Código, afectando también a los principales institutos de legislación del paisaje.

En particular, se hace referencia a las modificaciones del art. 146 del Código elaborado por el art. 39 de la ley 9 de agosto de 2013, n. 98, que convierte el decreto ley 21 de junio de 2013, n. 69. Bien, incluso en la economía de la presente discusión, uno no puede dejar de examinarlos por su importancia que ciertamente no es secundaria.

Las recientes opciones legislativas han innovado en primer lugar el régimen de validez-efectividad de la autorización de paisaje regulado por el párrafo 4 del art. 146 del Código.

Como se sabe, este régimen, ya regido por el art. 16 del Real Decreto de 3 de junio de 1940, n. 1357, el suyo fue encontrado proporción en la necesidad de permitir a la Administración realizar, al expirar el plazo de vigencia, nuevas investigaciones y evaluaciones para establecer si la obra es compatible con los intereses públicos en materia de belleza natural que pretende salvaguardar [2].

Ahora, la nueva formulación legislativa resultante de la ley de reconversión determina un cambio sustancial en esta disciplina al disponer que "si las obras se inician en el quinquenio, la autorización se considera efectiva por toda la duración de las mismas".

Pues bien, la disposición en cuestión se configura claramente como el precipitado de las peticiones provenientes del mundo de la edificación para "relanzar" la actividad edificatoria eliminando todas las normativas, tanto en el ámbito urbanístico como paisajístico, no consideradas funcionales al desarrollo económico.

Esta regla, sin embargo, al atribuir la eficacia de facto sine die a la calificación del paisaje, crea una estructura de intereses indudablemente desequilibrada con respecto a aquellas necesidades de protección que sin interrupción siempre han orientado al legislador hacia la provisión de una eficacia temporal limitada para asegurar un nuevo examen de la compatibilidad paisajística a la luz sólo de los cambios en la situación de hecho, pero también de las normas de protección supervinientes.

Por otro lado, la formulación original del decreto-ley parecía más equilibrada, aunque estaba enucleada en un texto de la ley de difícil lectura, según el cual, siempre que las obras se iniciaran en el plazo de cinco años. de expedición, el título de autorización habría expresado sus efectos incluso por un período superior al quinquenio, pero al mismo tiempo no superior a doce meses a partir de la expiración del quinquenio.

Y en cambio, se ha llegado a una solución drástica que no tiene debidamente en cuenta el carácter básico de los plazos de la actividad edificatoria: la relevancia de estos límites, además, se reconoce también en materia urbanística en la que el plazo de ejecución, dentro del cual se la obra debe estar terminada, no puede exceder de tres años desde el inicio de las obras [3].

En opinión del autor, se podría haber alcanzado un justo compromiso entre las necesidades antitéticas que caracterizan al sector mediante la aprobación del reglamento que modifica el decreto del Presidente de la República de 9 de julio de 2010, n. 139 que contiene el procedimiento simplificado de autorización paisajística para intervenciones menores [4]. El arte. 1 del nuevo texto normativo disponía efectivamente que "las solicitudes de renovación de autorizaciones paisajísticas vencidas no más de ciento veinte días, relativas a intervenciones total o parcialmente no realizadas, están sujetas a un procedimiento simplificado, siempre que el El proyecto cumple en toda su parte con lo previamente autorizado y con los requisitos específicos de protección que pudieran haber surgido ".

De esta forma, se habría mantenido vigente el régimen de efectividad temporal limitada y al mismo tiempo, a través del experimento del procedimiento simplificado, se habrían producido retrasos innecesarios en la aprobación de un proyecto que ya había sido evaluado favorablemente por la administración encargada de gestionarlo. protección del paisaje [5].

También cabe destacar que el art. 39 de la disposición legislativa en cuestión también intervino sobre la secuencia procesal señalada por el art. 146.

En primer lugar, eliminó la hipótesis del consentimiento tácito previsto por la ley respecto del futuro régimen basado en el carácter meramente imperativo de la opinión del superintendente [6].

En resumen, el legislador, en cumplimiento de las enseñanzas tralatizi del juez de las leyes [7], ha establecido que en el futuro, una vez que entre en vigencia la nueva disciplina caracterizada por el reconocimiento del peso preeminente de la autoridad local en la gestión de la restricción y por el llamado desclasificación De la evaluación de la administración encargada de la protección, la falta de pronunciamiento de la superintendencia no se caracterizará como una evaluación favorable de las intervenciones previstas en la solicitud de autorización de paisaje.

Durante la conversión, el tercer párrafo del art. 39 que había contemplado la terminación de la eventual etapa, posterior a la eventual omisión del dictamen de la Superintendencia, centrada en la convocatoria opcional de la conferencia de servicios.

La supresión de la conferencia de servicios fue sin duda el resultado de políticas de simplificación constante orientadas solo a la aceleración procesal, independientemente de la búsqueda de los objetivos de protección que siempre deben informar el trabajo del legislador en el sistema de administración del paisaje. Sin embargo, la derogación de la disposición legislativa del instituto de la conferencia de servicios, introducida por el primer decreto correctivo de 2006, no tuvo debidamente en cuenta la naturaleza de este módulo procesal que, a la luz de un enfoque más cuidadoso y consciente El análisis, se puede enmarcar entre las técnicas de racionalización y mejora de la calidad de la acción administrativa.

Y efectivamente, como se observa eminentemente, "la conferencia se introdujo en el ordenamiento jurídico fundamentalmente con el propósito de simplificar los procedimientos, como expresión del principio de buen desempeño en un intento de recomponer las funciones administrativas que, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran dispersas". y fragmentado "[8]. Por tanto, la revocación legislativa que condujo a la restauración puede considerarse totalmente aceptable. ex tunc [9] de la institución de la conferencia en el procedimiento de autorización.

A lo sumo, dado el pleno reconocimiento del valor de este instrumento procesal, la emisión de disposiciones tendientes a esclarecer las relaciones entre las normas especiales a que se refiere el art. 146 y la general que contempla la ley de procedimiento administrativo. De esta forma se podrán despejar las dudas relativas al valor jurídico que se le atribuye al posible silencio de la superintendencia así como a la operatividad del mecanismo de superación del disenso basado en el desplazamiento ascendente, es decir al Consejo de Administración. Ministros, del poder de decisión [10].

2.1. (Continuación) Los perfiles de criticidad del actual sistema de administración del paisaje: el conflicto entre el Estado y las regiones en la actividad de protección del paisaje

En cuanto a los perfiles de criticidad del sistema de gestión del paisaje [11], se destaca ante todo la existencia de una verdadera segmentación laberíntica de competencias entre el Estado por un lado y las regiones por otro.

Pues bien, el policentrismo del asunto es el causante de una serie de efectos negativos que involucran a la vez la posición jurídica del ciudadano y el buen desempeño de la Administración Pública. En efecto, la distribución del asunto en diferentes niveles institucionales representa en muchos casos un obstáculo insuperable para la certeza de los tiempos procesales y para la previsibilidad, a la que afecta toda persona jurídica, de la acción administrativa. De nuevo, la implicación de portadores de intereses antagónicos genera un lacerante conflicto de competencias que debilita a los poderes públicos al asumir responsabilidades y debilitar a las administraciones [12].

En palabras de Settis, "el entrelazamiento normativo y la segmentación de competencias. Son de hecho una ayuda para la fiesta del cemento (son, por tanto, un obstáculo para la protección eficaz del paisaje, ed) crean una zona gris cada vez más amplia en la que La incertidumbre de la ley no solo genera conflictos de interés y amplía el espacio de interpretación, sino que también legitima y promueve la voluntad del individuo ”. La efectividad de la norma se ve así frustrada por las continuas escaramuzas entre los diferentes niveles institucionales.

Por otro lado, se ha subrayado [13] que "la tensión entre los empujes regionalistas a apropiarse del asunto y la resistencia del Estado (.) No solo ha erosionado las instituciones, sino que ha producido su reconfiguración, muchas veces en forma peyorativa. sentido". Por tanto, habría "una correlación directa y visible entre las fluctuaciones del legislador en términos de división de competencias y transformación de instituciones".

La gravedad de la situación se ve agravada entonces por una confusión terminológica endémica inherente a la noción jurídica de paisaje, las incertidumbres que envuelven este concepto concretan un pernicioso punctum dolens de todo el sistema en lo que tienen que ver con el objeto de competencia de los actores públicos. Pero hay más. Asistimos a una tendencia, nunca latente y de hecho ahora alimentada por una interpretación dudosa del Convenio Europeo del Paisaje a pesar de la orientación inequívoca en la dirección opuesta del Juez de las leyes [14], a incluir la cuestión del paisaje en la gobernanza de el territorio y, por tanto, en el contexto de las competencias regionales a la luz de un concepto integral y panurbano basado en el papel primordial de la planificación (mejor aún si la planificación mixta o incluso únicamente urbana) [15].

En verdad, la intrincada superposición de poderes se configura como la prueba de fuego de las brechas encontradas en eliter lo que llevó al establecimiento de las regiones con estatuto ordinario y posteriormente a la implementación de la autonomía regional a través de la modificación del Título V de la Parte II de la Constitución.

De hecho, es evidente que las contradicciones que primero caracterizaron la implementación de la descentralización administrativa y luego la autonomista giran con la conocida reforma de la ley constitucional del 18 de octubre de 2001, n. 3, contribuyen a hacer del paisaje material, de particular incisividad y delicadeza, "el asiento de conflictos institucionales y de intereses públicos frecuentemente opuestos, incluidos los públicos [16].

La complejidad de la estructura de competencias e intereses relevantes en el campo del paisaje ha sido reconocida emblemáticamente en varias detenciones por parte del Tribunal Constitucional: a juicio del juez de leyes [17] "se gravan más intereses públicos en el territorio: en el por un lado, las relativas a la conservación del medio ambiente y el paisaje, cuyo cuidado es responsabilidad exclusiva del Estado, en base al artículo 117, párrafo segundo, lett. s), De la Constitución en cambio, las relativas a la gobernanza del territorio y la puesta en valor de los bienes culturales y ambientales (uso del territorio), que le son encomendadas, en virtud del tercer párrafo del mismo art. 117, a la competencia concurrente del Estado y de las Regiones ".

Se ha observado detenidamente [18] que todo el sistema de gestión del paisaje se caracteriza por "un dualismo multiforme que (.) Se despliega en toda la disciplina, desde la estricta protección de los activos paisajísticos hasta la protección y puesta en valor del paisaje. la gestión de las limitaciones del paisaje mediante la autorización del paisaje ".

De hecho, cabe señalar que el carácter policéntrico de la materia está reconocido en las instituciones clave regidas por la Parte III del Código.

En primer lugar en el procedimiento de declaración de interés público notable en el que se basa el régimen de protección de los bienes paisajísticos.

De hecho, tras la entrada en vigor del decreto legislativo núm. 63 (el llamado segundo correctivo relativo a la parte III del Código de patrimonio cultural y paisaje) la disciplina se caracteriza por una duplicación real de la facultad de declarar el interés paisajístico de los bienes a que se refiere el art. 136 del Código. Esto se debe al procedimiento que se rige por los artículos. 137 y ss., Con base en las prerrogativas de la región de dar seguimiento, con una disposición específica, a la propuesta de declaración de interés público notable, junto con la competencia concurrente del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo de conformidad con el art. 138, párrafo 3 y del art. 141 del Código. El resultado es un sistema complejo en el que la función de protección carece por completo de las características necesarias de unidad y reparto de poderes.

A este respecto, se ha destacado [19] que esas elecciones independientes de disciplina sólo pueden resultar en detrimento de la eficacia de la protección.

En realidad, si se examina más de cerca, los aspectos críticos de la disciplina en cuestión no se pueden atribuir en sí mismos a la provisión de prerrogativas ministeriales. Estos, de hecho, van en la dirección de fortalecer la protección frecuentemente comprometida por la inercia de las regiones en la detección de bienes dignos de protección.

Más bien, los aspectos negativos del sistema están vinculados a la regulación de un procedimiento, el de la competencia de la región, engorroso y excesivamente articulado, así como marcado por un rol marginal de los sujetos, a saber, el Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo. y sus estructuras periféricas, más equipadas con los conocimientos técnico-científicos necesarios para la aplicación de la restricción paisajística.

La autorización paisajística también presta su vertiente a consideraciones críticas, aunque bajo un perfil diferente, que, como es sabido, constituye "la columna vertebral del peculiar régimen de eficacia jurídica para la protección del paisaje que estructural y lógicamente pertenecen a aquellas partes del el territorio reconocido como de interés público significativo "[20].

Cabe recordar que la configuración actual del art. 146 supera las aporías del régimen de transición anterior Arte. 159 del Código basado en el posible ejercicio de la facultad de cancelar las autorizaciones paisajísticas emitidas por las autoridades locales [21].

Sin embargo, persisten aspectos problemáticos en cuanto a la articulación procesal que articula una pluralidad de fases pletóricas.

En particular, el carácter decisorio del dictamen vinculante de la superintendencia hace que la competencia de las autoridades locales encargadas de gestionar la restricción al final del procedimiento sea completamente superflua.

Además, lo dispuesto en el párrafo 9 del art. 146 que habilita a la región (o al organismo subdelegado) a pronunciarse sobre la solicitud de autorización una vez transcurrido el plazo de sesenta días desde la recepción de los documentos por la superintendencia.

Ahora bien, aparte de la cuestión de los puntos críticos de esta disposición que deja sin resolver algunas cuestiones relevantes como la relativa a la demora [22] del dictamen del superintendente, no podemos eximirnos de censurar la elección legislativa que en nombre de la habitual necesidad de aceleración procesal, transfiere efectivamente el poder de decisión a una entidad distinta al titular efectivo del poder.

La disposición de qua no considera que el dictamen endoprocesal está marcado por características vinculantes, por lo que esencialmente asume un carácter decisorio similar al de la disposición estrictamente sensu [23 ] .

De ello se desprende que el caso, que entre otras cosas se aparta de lo dispuesto en el art. 16 de la ley de 7 de agosto de 1990, n. 241 y modificaciones posteriores En cuanto a los dictámenes que deben emitir las administraciones responsables de la protección del medio ambiente, el paisaje, el territorio y la salud de los ciudadanos, no parece tener en cuenta aspectos dogmáticos básicos relacionados con la naturaleza de los actos implantados en el procedimiento de autorización.

Además, la tesis de la indivisibilidad de la opinión no considera la centralidad de la administración estatal en el conjunto de actos que conduce al pronunciamiento final sobre la solicitud del particular. Por el contrario, provoca un cambio de poder que conduce a más interferencias y conflictos sobre el asunto.

Además, la convivencia entre administraciones en la titularidad y ejercicio de las competencias de protección del paisaje asume sin duda un concepto autónomo en la planificación.

Es bien sabido que la herramienta de planificación del paisaje juega un papel fundamental en el complejo y policéntrico sistema de protección del paisaje y uso del territorio.

Esto sobre todo a raíz de la ratificación y ejecución del Convenio Europeo del Paisaje que "en nuestro ordenamiento jurídico, aunque todavía no del todo, se ha abierto a una noción de paisaje generalizada y expandida, justificada precisamente por el valor identitario que el territorio asume para las comunidades. asignados allí, que por lo tanto requiere una adecuada protección, salvaguardia, recuperación, recalificación "[24].

Además, el mismo Convenio identifica, entre las tres acciones sobre el paisaje, no solo la protección y gestión, sino también la planificación. En este sentido, la doctrina al señalar los pilares del sistema hablaba de una verdadera "tríada interrelacionada y conectada de identificación-planificación-gestión / control de los activos del paisaje" [25].

De ello se desprende que el plan de paisaje asume las características de "un posible punto de confluencia y articulación de las tres acciones" [26] en un contexto en el que "territorio y paisaje se entrelazan cada vez más en eseunicum resumido por la necesaria dimensión paisajística del territorio y que encuentra en los activos ligados el fuerte núcleo expresivo del valor paisajístico del territorio, pero no se limita a estos ”[27].

Y de hecho, la imposición del llamado La restricción paisajística constituye sólo uno de los momentos de protección, flanqueada por otras herramientas "con las que cada intervención se orienta correctamente con respecto a los perfiles del paisaje" [28].

Por lo tanto, está bastante claro que la relación entre restricción y plan ya no puede describirse en términos de la mera superordenación del primero con respecto al segundo [29]. A la luz de la configuración actual de la legislación de paisaje, parecería al menos reductivo limitarse a identificar en el plan de paisaje las características de un instrumento de implementación de la restricción que rige la operación y determina su alcance, contenidos, límites y efectos. concretizar un momento lógicamente posterior de su regulación.

Ahora bien, es cierto que el plan tiene su título y límite en el vínculo y no puede modificarlo ni derogarlo, como se desprende de los dictados del art. 140, párrafo 2 del Código. Y sin embargo, los contenidos que el plan paisajístico puede asumir en la mente del arte. 143 tanto en lo que se refiere a la función de protección en sentido estricto como a la, aún no definida, de puesta en valor [30], desplazan el centro de gravedad del sistema hacia el plan que se convierte en la verdadera piedra angular de la salvaguarda del patrimonio paisajístico [ 31], en un sistema basado en la protección global y dinámica.

De hecho, es bien sabido que la ordenación del paisaje adquiere la forma de un instrumento capaz de realizar múltiples funciones según la división tripartita que corresponde en líneas generales a la aceptada por el Convenio (artículos 1 y 6, lett. es)) que distingue entre protección, gestión y planificación del paisaje.

La política de protección en sentido estricto, cuyo objeto se identifica en las partes del territorio caracterizadas por aspectos significativos de interés público (por tanto, bienes paisajísticos) están flanqueadas por la gestión, es decir, una política que tiene como objetivo orientar y armonizar los cambios provocados por los procesos de desarrollo económica, social y medioambiental, con miras al desarrollo sostenible, y la política de planificación consistente en "acciones fuertemente orientadas al futuro destinadas a mejorar, restaurar y crear el paisaje" [art. 5 lett. B) Y arte. 1, lett. F)].

De ello se desprende que las previsiones de los planes no están predestinadas solo para la conservación, sino también para la reurbanización de áreas comprometidas y degradadas hasta la prefiguración de nuevos valores paisajísticos coherentes e integrados.

Como se ha dicho con una fórmula feliz [32], la ordenación del paisaje está llamada ahora a abordar el territorio-paisaje que se manifiesta en todas sus formas posibles, desde el excepcionalismo hasta la degradación.

De acuerdo con el art. 143 la elaboración del plan incluye al menos el reconocimiento del territorio sobre el que se relaciona la planificación, a través del análisis de las características impresas por la naturaleza, por la historia y por sus interrelaciones. A continuación, el plan prevé el reconocimiento de los edificios y áreas declaradas de interés público considerable de conformidad con el artículo 136, su delimitación y representación en una escala adecuada para su identificación, así como la determinación de los requisitos específicos de uso.

A continuación, se prevé una actividad de reconocimiento similar para las zonas mencionadas en el párrafo 1 del artículo 142, respecto de las cuales siempre se ha sentido con fuerza la necesidad de una delimitación precisa [33].

En resumen, en el plan hay una feliz ósmosis entre la fase descriptiva - consistente en el reconocimiento de los activos a salvaguardar - y la fase prescriptiva basada en la adopción de las prescripciones de uso de los activos. A estos se suma de manera armónica la fase de propuesta que se identifica en la identificación de los objetivos de calidad del paisaje y en las políticas a seguir para implementarlos, así como las intervenciones necesarias para la reurbanización del paisaje.

El plan de paisaje, de nuevo, puede identificar de forma innovadora nuevos activos del paisaje, así como otros contextos [34], distintos de los indicados en el artículo 136, que se someterán a medidas específicas de protección y uso.

Ahora, del cuadro recién esbozado, se deduce la necesidad de matizar la relación entre el instrumento de restricción y el instrumento de planificación en diferentes términos: "en el plan, mediante la realización de operaciones técnico-científicas sistemáticas, la disciplina para la protección del paisaje El patrimonio puede encontrar con la disciplina de protección de todo el paisaje regional el tejido unitario y coherente indispensable, resultado de un análisis del conjunto del territorio regional ”[35].

La obligación de incorporar íntegramente en el plan el contenido normativo de las limitaciones impuestas por una medida singular constituye una expresión del ejercicio del poder de protección en extrema defensa del patrimonio paisajístico por tanto, el plan, lejos de ejercer una mera función de reparación. prescripciones heterogéneas, dictadas caso por caso, restricción por restricción, para áreas espaciales circunscritas, crea un sistema de salvaguarda de los bienes del paisaje en el que la esencia corpuscular de las restricciones y la dimensión ondulante del plan se integran mutuamente [36].

Pues bien, incluso en la definición de los contenidos del plan y en el relativo procedimiento de adopción, la injerencia y el particular vínculo recíproco entre las funciones regionales y estatales se manifestaron con toda su delicadeza.

Como se sabe, el llamado La ley Galasso (ley 8 de agosto de 1985, n. 431) otorgó a las regiones la facultad de adoptar planes que también afectaran a áreas restringidas. ex ley (los denominados planes de paisaje o planes urbanos-territoriales con consideración específica de los valores ambientales y paisajísticos) el ministerio reconoció, por otra parte, la potestad sustitutiva, a que se refieren los artículos 4 y 82 del decreto de la Presidencia de la República 24 Julio de 1977, n. 616, en caso de inacción regional.

Incluso el Código en su versión original había mantenido la competencia regional primaria derivada de la transferencia de la función administrativa de planificación del paisaje establecida por el decreto del Presidente de la República del 15 de enero de 1972, n. 8 y posteriores por el d.p.r. 616/77 [37].

El CD. el primer decreto correctivo se limitó a introducir la facultad de tramitación conjunta.

En cambio, la estructura de competencias se ha modificado significativamente desde la última acción de reforma del Código: la denominada de hecho, según el decreto correctivo, el art. 135 que, en conjunción con el art. 143, actualmente establece la obligación para el Estado y las regiones de proceder conjuntamente con la planificación del paisaje en relación con los activos del paisaje. A tal efecto, el art. 143 contempla la posibilidad de llegar a formas de acuerdo cuyo contenido luego se implemente mediante acuerdos administrativos específicos.

La disposición en cuestión, si bien determina un fortalecimiento neto de los poderes estatales en la materia [38], pretende componer el típico dualismo del sistema según el principio de colaboración leal reiteradamente afirmado por el Tribunal Constitucional [39] y sancionado actualmente por el art. . 133 del Código.

La planificación del paisaje, con su centralidad adquirida en la legislación del paisaje, es, por tanto, un instrumento para la resolución de conflictos entre sujetos institucionales.

En este sentido, se señaló que "la ordenación del paisaje, ante el sistema concurrente y separado de protección de los bienes del paisaje, debe configurarse en cambio como el camino procesal virtuoso, expresión del principio de colaboración leal, a través del cual asegurar la protección más adecuada y salvaguarda del paisaje "[40].

En verdad, el carácter positivo de la innovación legislativa se hace cada vez más evidente si consideramos un ámbito más delicado, el tema de las actividades de planificación, en el que las incertidumbres y contradicciones de las políticas legislativas han sido a lo largo de los años precursores de una nueva mezcla de competencias. En cuanto a la función de mejora, que ahora ha recibido pleno reconocimiento en el Código sectorial, para contribuir, a la par de la protección, a la implementación del principio fundamental dictado por el art. 9 de la Constitución [41].

Ahora se sabe que la planificación, a partir de la legislación Galasso, persigue el objetivo de dictar normas de salvaguardia en sentido estricto y, al mismo tiempo, potenciar los aspectos paisajísticos.

Pues bien, la herramienta de planificación puede, mediante el procedimiento virtuoso delineado por el Código, ayudar a superar la repentina fragmentación de competencias prevista por el art. 117 de la Constitución, según el cual la mejora está sujeta al poder legislativo concurrente.

La cooperación en la planificación del paisaje puede, por tanto, constituir un paso importante en la superación de las múltiples criticidades que afectan al ámbito de la mejora bajo diferentes perfiles: en este sentido, es suficiente recordar que la división, en la atribución del poder legislativo, entre protección y mejora, como a un factor más en la segmentación y rigidez de las competencias se agrega la deficiencia definitoria en cuanto a la función de mejora, especialmente en lo que respecta a los criterios discriminatorios respecto a la protección entendida en sentido estricto.

En este sentido, la doctrina ha señalado acertadamente que "la historia de la valorización, ahora de cincuenta años, muestra las dificultades del sistema jurídico italiano para regular una función administrativa distinta de la protección y es un ejemplo de la frecuencia con la que la lucha para la atribución de competencias prevalecerá la correcta identificación del fin público que debe perseguir una función [42].

En realidad, más allá de la importancia indebida atribuida a la división de competencias, en perjuicio de la necesaria claridad terminológica y de la preparación de los medios y procedimientos necesarios para cada función administrativa [43], hay que destacar que "la distinción en lo concreto la mejora de la protección no es fácil en sí misma, debido a la difícil definición del concepto, las áreas inevitables de superposición y las interacciones entre las diferentes funciones en relación con el patrimonio cultural "[44].

Y de hecho, en una inspección más cercana, la complejidad de esta operación exegética se deriva de la inseparabilidad de las dos funciones que, como se destaca cuidadosamente en la doctrina, constituyen "una continuo indistinguible que se suelda en la noción unificada de salvaguardia y que concierne tanto al control de la planificación como a la autorización "[45]. El Código parece responder a este enfoque, cuya parte III prevé un título único para la protección y la mejora. Incluso antes del art. .1 establece que la "República protege y valoriza el patrimonio cultural de conformidad con las competencias a que se refiere el artículo 117 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en este Código".

De ahí la dificultad de identificar elementos definidos de diferenciación entre los dos macrofunciones.

Ciertamente, no parece adecuada la tesis [46] que atribuye las características de la quietud a la protección, refiriéndose, en cambio, con el término realce a una visión dinámica y ya no meramente conservadora del paisaje. Esta dirección no es suficientemente explícita y además no tiene en cuenta que la protección concebida en nuestro ordenamiento jurídico nunca ha asumido, desde las leyes de Bottai de 1939, características puramente estáticas [47].

Del mismo modo, el enfoque que identifica la mejora del paisaje en las actividades de recuperación y remodelación no parece suficientemente exhaustivo [48]. La noción no considera el elemento de preordenación para el uso público que necesariamente informa la actividad de mejora.

Igualmente incompleta fue la opinión de quienes consideraron que la puesta en valor solo debe entenderse como la recuperación de sitios degradados o la acción destinada a potenciar los valores típicos del paisaje para añadir interés al uso o facilitar la accesibilidad [49].

Por tanto, debe valorarse positivamente la intervención del legislador que, a través de los dos decretos correctivos, intentó disolver el nudo gordiano relativo a la definición de la noción de valorización [50].

Ante todo, Arte. 6 del Código, según el cual "la puesta en valor consiste en el ejercicio de funciones y en la regulación de actividades encaminadas a promover el conocimiento del patrimonio cultural y asegurar las mejores condiciones para el uso público y disfrute del propio patrimonio, incluso por personas que de otra manera podrían promover el desarrollo de la cultura ".

El contenido de esta disposición no puede ser ignorado en el presente esfuerzo exegético, considerando que el patrimonio cultural, tal como lo define el Código, tiene un carácter unitario [51] incluido el patrimonio cultural en sentido estricto y el patrimonio paisajístico.

Ahora bien, esta regla, en la línea de lo que dicta el art. 1, enfatiza la tensión a fruición que, en verdad, conjuga protección y puesta en valor, en el sentido de que ambos tienen como fin último el de favorecer el uso y disfrute público del patrimonio cultural.

Sin embargo, es bueno especificar que la valorización no se identifica Corte Tout con la fruición.

Como se informa cuidadosamente en la doctrina [52], las dos áreas difieren por género y por diferencia: la mejora representa una quid pluris con respecto al uso, considerando que se refiere a las formas en que se incrementa el conocimiento del activo y el nivel cualitativo y cuantitativo de su uso [53]. En definitiva, mientras que el uso constituye la actividad de preparar los medios mínimos para el disfrute público, el realce representa la actividad de preparar los medios que aumentan las oportunidades de disfrute público ”.

En consecuencia, la fructificación debe pertenecer al ámbito de la gestión y por tanto de la protección contra la que operaría el poder legislativo exclusivo del Estado.

Ahora, el surgimiento de esta distinción adicional se presta a una lectura doble: si algunos [54] argumentaron que la afirmación de un criterio discreto entre uso y mejora potencialmente remedia la hipertrofia de la mejora, otros [55] han señalado en cambio el escalado excesivo de la última función.

La problemática del tema, por tanto, permanece en el campo, ligada no solo a los perfiles de clasificación, sino también, y sobre todo, a la consecuente distribución del poder legislativo, la cuestión definitoria de la valorización.

Además, las reglas de código específicas con respecto a la función en el contexto del paisaje no parecen ser capaces de definir este problema. Y, en verdad, un cuadro complejo marcado por luces y sombras se extrae de las disposiciones combinadas de los artículos 6 y 131 del Código.

Sin embargo, debe asignarse un indudable valor positivo a la decisión de enfatizar la subordinación [56] de la mejora de la protección. Del mismo modo, se connota en términos positivos la tendencia a subrayar la relevancia, con la enucleación dentro de la función de mejora, de las intervenciones de recalificación de activos comprometidos o degradados y la realización de nuevos valores paisajísticos coherentes e integrados.

La aclaración de la noción se ajusta a las disposiciones de la Convención Europea del Paisaje y tiene debidamente en cuenta la necesidad de incluir en las políticas de conservación, entendida como una función en la que la protección y la valorización se fusionan, también las áreas degradadas, en cierto sentido aún más necesitadas. de protección [57].

No obstante, estas disposiciones no definen claramente el límite entre protección y mejora, entre poder estatal exclusivo y poder concurrente.

Bueno, una vez más, la centralidad del sistema de planificación del paisaje es claramente evidente. De hecho, al introducir el modelo virtuoso de colaboración entre actores institucionales, pone en desacuerdo, o al menos debilita considerablemente, ese conflicto entre entidades cuyas incertidumbres definitorias sobre las funciones administrativas son a la vez causa y efecto.

2.1.2. Nuevamente sobre los aspectos críticos del actual sistema de gestión del paisaje: simplificación del sistema de gestión del paisaje.

Luego, entre los puntos críticos del sistema, también se puede encontrar el impulso imparable hacia la simplificación en materia subiecta. Hemos hablado con razón de una atención que se ha vuelto palpitante, de un indiscriminado favor para cualquier forma de simplificación administrativa [58]. Estamos ante una verdadera cultura de simplificación que se asienta sobre diversas consideraciones, incluidas las de una clara matriz populista. De hecho, los partidarios de la simplificación destacan la ineficiencia de la administración pública y la complejidad y contradicción de la legislación como causas justificantes de este proceso. En opinión del autor, parece impensable negar tales problemas que en algunos casos alcanzan importantes umbrales de gravedad. Al mismo tiempo se cree que "el remedio no está ahí desregulación que genera más problemas de los que resuelve. Debería ser (como en otros países europeos) la certeza y estabilidad del marco regulatorio, el establecimiento de reglas estrictas y claras y la oferta a los ciudadanos de interlocutores institucionales competentes y motivados, capaces de dar respuestas inequívocas y precisas ”[59]. La incompatibilidad de la simplificación, que determinaría un giro inaceptable en la regulación del paisaje a nivel negociador, a partir de una autonomía privada imperante, operando en un marco caracterizado por una administración cada vez más relegada al margen, se vincula entonces a la peculiar configuración asumido por la pluralidad de intereses que cobran protagonismo en el sistema de gestión del paisaje. El interés paisajístico que surge en el contexto de estas reflexiones no se sitúa al mismo nivel que otros intereses en conflicto, públicos y privados, sino que tiene un carácter primario a garantizar. de forma absoluta sin que sea posible un equilibrio real r con respecto a los intereses públicos y privados encaminados al desarrollo socioeconómico de la comunidad y al ejercicio de la libertad de iniciativa económica.

A este factor, ya en sí mismo capaz de representar un obstáculo intrínseco a la labor de simplificación [60], hay que añadir entonces la circunstancia, ciertamente no secundaria, de que una protección eficaz del paisaje se basa en un examen previo de compatibilidad paisajística por organismos con competencias técnico-profesionales específicas.

Bueno, si en nombre de la simplificación uno pretende hacer fallar todas las comprobaciones ex ante, es necesario negar la viabilidad de este camino. Por tanto, el futuro régimen, al que ya se ha hecho referencia en las páginas anteriores, suscita una considerable perplejidad, que al hacer meramente obligatorio el dictamen de la Superintendencia, ocasiona un duro golpe a las solicitudes de protección.

La disposición está fuertemente influenciada por el "mito del plan", al no considerar que la protección total no puede ignorar la presencia conjunta del plan y la restricción y, por lo tanto, también la opinión vinculante de que la restricción es una herramienta operativa indispensable.

Además, no toma en cuenta otro aspecto básico ya evidenciado por la práctica durante la vigencia del procedimiento de autorización introducido por la ley Galasso y luego se convierte, de conformidad con el art. 159 del Código, régimen transitorio [61]. En definitiva, no se tiene en cuenta la grave insuficiencia de las autoridades locales para proteger el paisaje: una insuficiencia a menudo vinculada a los intereses locales y ciertamente no mitigada por la obligación de motivar la disposición con la que el organismo responsable de gestionar la restricción puede desviarse de las evaluaciones. ministerial.

Debe hacerse un discurso diferente para las formas de simplificación que se sustentan en la concentración de los procesos y en una mayor celeridad de los plazos procesales. Los elementos antes mencionados, que se pueden encontrar en el procedimiento simplificado de expedición de la autorización de paisaje. anterior d.p.r. 139/10, no son incompatibles con la preservación del paisaje, por el contrario se caracterizan por un notable valor positivo, por su idoneidad para acercar la administración a las necesidades del ciudadano. Desde este punto de vista, la simplificación es admisible y en cierto sentido deseable siempre que no se utilice también para permitir intervenciones que, por su extensión, requieran un tipo de evaluación muy diferente [62].

2.2. Los puntos fuertes del Código

Entre las muchas sombras resaltadas se puede vislumbrar, cabe recordar, algunas luces también se refieren en particular a aquellas disposiciones que siguen una dirección opuesta a la mortal por la que se mueven las reglas y prácticas señaladas anteriormente. Nos enfrentamos a una serie de elementos positivos que requieren una cuidadosa evaluación.

En primer lugar, el régimen de ordenación del paisaje basado en la cooperación leal entre los distintos sujetos institucionales (ver artículos 133 y 135 del Código).

Nuevamente, entre las disposiciones del código susceptibles de apreciación, el art. 145 sobre la superordinación de los planes de paisaje con respecto a la planificación urbana y las herramientas de planificación para el desarrollo económico nacional y regional.

En realidad, el arte. 145 incorpora un principio, el de supremacía del plan de valor paisajístico, ya adoptado por el art. 150 de la Ley Consolidada de 1999: esta disposición, en cumplimiento de una orientación jurisprudencial consolidada [63], disponía que los planes normativos generales y demás instrumentos urbanísticos debían cumplir con lo dispuesto en los planes territoriales de paisaje y los planes urbanosterritoriales según arte. 5 de la ley de 17 de agosto de 1942, n. 1150 y regulaciones regionales.

Con la entrada en vigencia del Código de 2004, sin embargo, cambió el mecanismo a través del cual el legislador pretendía garantizar esta primacía: la tendencia a colocar el plan de coordinación provincial en el centro de todo el sistema de planificación (que asumía el art.57 del Legislativo El Decreto 112/1998 valor y efectos de los planes de protección en los sectores de protección de la naturaleza, protección del medio ambiente, protección del agua, protección del suelo y belleza natural a la luz de acuerdos específicos entre la provincia y las administraciones competentes) ha desaparecido, dejando el campo a la centralidad del plan de paisaje que, a partir de la dimensión territorial del paisaje derivada del Convenio Europeo del Paisaje, adquiere la función de disciplinar todo el territorio regional de forma unificada y lo más completa posible [64].

De hecho, el camino de la coordinación e integración de herramientas de planificación territorial ya no se realiza en la planificación provincial, sino en la planificación del paisaje.

Esto ocurre principalmente a través de las disposiciones del plan que operan tanto desde el punto de vista de la autocoordinación como desde el punto de vista de la heterocoordinación.

En cuanto al primer aspecto, el propio plan, en su valor global, define los métodos para adecuar las demás herramientas de planificación y gestión del territorio a sus previsiones.

La autocoordinación puesta en marcha por el propio plan de paisaje es de agradecer por la contribución que hace a la recomposición de un sistema de planificación que, por su excesiva heterogeneidad y fragmentación, a menudo parece incapaz de cumplir con éxito la función de protección.

La heterocoordinación que el plan implementa donde prevé su propia coherencia para los instrumentos urbanísticos de los municipios, ciudades metropolitanas y provincias está sujeta a la misma lectura: párrafo 3 del art. 145 establece en efecto que "las disposiciones de los planes de paisaje a que se refieren los artículos 143 y 156 no pueden ser derogadas por los planes, programas y proyectos de desarrollo económico nacionales o regionales, son de obligado cumplimiento para los instrumentos urbanísticos de los municipios, ciudades metropolitanas y provincias , prevalecen inmediatamente sobre las disposiciones disconformes contenidas en los instrumentos urbanísticos, establecen las normas de salvaguardia aplicables a la espera de la adaptación de los instrumentos urbanísticos y son también vinculantes para las intervenciones sectoriales. En cuanto a la protección del paisaje, las disposiciones de los planes de paisaje son en todo caso prevaleciendo sobre las disposiciones contenidas en los actos de ordenamiento territorial con impacto territorial previstos por la normativa sectorial, incluidos los de los órganos gestores de espacios naturales protegidos ”.

Al respecto, cabe señalar que en la doctrina se ha temido la hipótesis de una presunta incompatibilidad entre la prevalencia inmediata y la necesidad de adaptación [65].

En realidad, no parece extraño argumentar que la prevalencia inmediata no se traduce en una vis abrogans más bien, considerando el surgimiento de una relación sui generis de los dos tipos de planes, cumple con la finalidad de garantizar la eficacia de los requisitos del plan en espera de la adecuación. Para ello, las medidas de salvaguardia adoptadas por el plan de paisaje representan un instrumento para fortalecer la eficacia del plan.

Por tanto, el ajuste se configura a su vez como una pieza que contribuya al seguimiento de la finalidad antes mencionada de asegurar la superordenación del plan con miras a la colaboración leal entre entidades, en un sistema que en su conjunto se caracteriza por una tendencia a la liquidación de conflictos entre herramientas de planificación

Además, la función específica de la ordenación del paisaje orientada a dictar la normativa para el uso de los activos paisajísticos (incluidas las disposiciones destinadas a la reurbanización de áreas comprometidas o degradadas) debe señalarse en términos positivos en la perspectiva de una protección que, para decirlo que en palabras de la Corte Constitucional [66], "no puede concebirse específicamente en términos estáticos, de absoluta inmutabilidad de los valores paisajísticos registrados en un momento dado, sino que debe implementarse dinámicamente, es decir, teniendo en cuenta la necesidades que plantea el desarrollo socioeconómico del país en la medida en que la satisfacción de las mismas pueda afectar al territorio y al medio ambiente ”.

El sistema de gestión del paisaje que surge del Código tiene sus raíces, a pesar de las tesis panurbano recalcitrantes que ven la planificación como la única panacea para todos los males, al mismo tiempo en el plan y en la coacción que surgen en una relación de ósmosis, "de dialéctica fecunda, en la que el vínculo es la base dura, el ladrillo sobre el que la superficie puede sostenerse y desarrollarse" [67].

La armonía entre el mecanismo puntual de las restricciones y la política de planificación de amplia extensión y amplitud se ve reforzada por la nueva configuración de la declaración de restricción de considerable interés público. Las nuevas medidas vinculantes deberán dictar las reglas para el uso de los bienes protegidos, además del art. 141-BIS establece la obligación de la administración estatal y de las regiones de proceder a la integración de las limitaciones paisajísticas mediante normativas específicas destinadas a asegurar la conservación de los valores expresados. El cumplimiento de esta obligación permite "colmar" la restricción y, por tanto, va en la dirección de una gestión eficaz de los activos paisajísticos, más allá de una protección estática a priori (ya veces obsoleta). La elaboración del reglamento de uso coloca la política de restricción en el centro del sistema, junto con la planificación del paisaje, ofreciéndole una efectividad inmediata. De hecho, hace que la restricción sea "positiva" y de esta manera permite por fin hablar de una correcta gestión de la restricción. De hecho, los requisitos de uso operan de tal manera que el juicio de conformidad que se establece en el ejercicio de la facultad de autorización se realiza a la luz de parámetros positivos que deben permitir que la actividad de evaluación sea fácilmente contenida dentro de los cánones de un más discreción técnica limitada. "También permiten una revisión judicial más amplia y satisfactoria sobre la corrección de laiter lógica seguida por la administración, a partir de la corrección y razonabilidad de las evaluaciones "[68]. El cumplimiento de la restricción responde a las necesidades de certeza y previsibilidad, aunque, debe especificarse, no puede en modo alguno reducir o distorsionar la discreción de la 'administración basada en un escrutinio de los datos de la naturaleza e historia del lugar', que resulta cualitativamente diferente de la discrecionalidad administrativa que con demasiada frecuencia subordina los valores del paisaje a la negociación con 'todos los intereses en juego' , incluidos los de la especulación disfrazada de 'desarrollo' y el bajo clientelismo etiquetado como 'política' "[69].

3. Posibles soluciones a problemas críticos

Ante todo Es necesario reafirmar enérgicamente el carácter estatal de la protección del paisaje. De hecho, a nivel estatal, se encuentra la Estrella Polar del mejor sistema de garantía de los valores paisajísticos: "la República que protege el paisaje y el patrimonio histórico-artístico no puede coincidir con cada una de las Regiones sin socavar la necesaria unidad de valores y prácticas de protección de la nación como un todo inseparable "[70]. De hecho, décadas de experiencia han demostrado a quienes, como Marchesi y Moro, son los padres del arte. 9 de la Constitución [71], siempre ha temido la antigua, pero siempre actual, petición de principio según la cual la protección del paisaje es tanto más eficaz cuanto más cercana a los ciudadanos. Y en cambio "las administraciones locales son más vulnerables a factores que distorsionan la protección, desde la contundente fragilidad presupuestaria hasta el uso del territorio como moneda de cambio electoral, de lo contrario el poder central y sus administraciones dan garantías mucho mayores de honestidad y efectividad: tanto porque están gestionados por un personal más capacitado y seleccionado, y porque están más sujetos al control de los medios de comunicación y, por tanto, de la opinión pública "[72]. Ahora, por tanto, sólo partiendo de una clara reafirmación de la centralidad de la administración estatal en el ejercicio de las funciones de protección se puede llegar a una gestión compartida en la que todas las administraciones públicas puedan cooperar entre sí de forma leal y auténtica.

Cabe señalar que la esperada colaboración leal puede encontrar su instrumento electivo en la elaboración conjunta del plan de paisaje. En este sentido, sin embargo, sería útil extender la obligación de planificación conjunta a todo el territorio regional para evitar correr el riesgo de una planificación separada, caracterizada por la presencia de dos medios pisos, basado en lógicas distintas, con debilitamiento de la función del instituto, que es la de una disciplina unitaria, graduada de una zona a otra, de todo el paisaje regional. De esta forma el plan podrá adquirir realmente la dimensión jurídica en la que operar la conexión entre paisaje identitario y patrimonio paisajístico, evitando que se arraiguen conflictos conceptuales perjudiciales [73].

En cuanto a la simplificación, hay que decir que es admisible y en cierto sentido deseable, siempre que no se utilice también para aceptar intervenciones que, por su envergadura, requieran un tipo de evaluación muy diferente. No debemos olvidar que cualquier simplificación procesal para ser eficaz no puede prescindir de la simplificación organizativa que acompaña a la primera, dando forma a una díada interrelacionada y conectada. Esto se debe al carácter intrínseco de la simplificación administrativa que debe ser considerada como una técnica compleja que presupone el cuidado de los intereses públicos a través de una acción administrativa más ágil pero siempre racional, que se realiza sin olvidar que el menor sacrificio por el particular debe siempre ir acompañada de la búsqueda de intereses públicos [74]. Por tanto, es legítimo suscitar más que algunas dudas ante las recientes opciones legislativas en materia de simplificación administrativa: asistimos a una simplificación incompleta, ya que la reformulación procesal no se vincula en sentido descendente con intervenciones organizativas también en lo que respecta al ejercicio concreto de funciones.

Además, la protección eficaz del paisaje no puede separarse de otras condiciones. En primer lugar, desde la remodelación de las estructuras de protección. En este sentido, los recortes lineales dispuestos por el Gobierno en los últimos años van en sentido contrario, anulando las nuevas competencias y responsabilidades positivas de las superintendencias [75]. Es imperativo revertir el tendencia lo que llevó, a través del recorte de fondos, la falta de nuevas contrataciones de personal altamente calificado y la jubilación anticipada de numerosos funcionarios de gran experiencia a una desfuncionalización, en algunos casos a la parálisis, del sector, a una "debilidad estructural y funcional de la Administraciones por las que el riesgo real que corre el sistema es que no se proporcione, es decir, un déficit de protección provocado no por el conflicto positivo sino por la inercia favorecida por la inadecuación de las estructuras administrativas "[76].

Lo anterior debe entonces ir acompañado de la conciencia de la necesidad de poner fin a la práctica centrada en la predisposición de los mecanismos de frustración y debilitamiento.

En este sentido, basta pensar, además de los ya examinados (la segmentación de competencias, la simplificación en materia paisajística y en la materia urbanística contigua y correlativa), en la peor práctica de la amnistía y las amnistías, la edificación y el paisaje. , lo que hace más que alentar a los ciudadanos a ignorar las reglas. Como lo estableció solemnemente el Tribunal Constitucional [77], la amnistía es "admisible sólo con la condición de que sea totalmente excepcional y extraordinaria, no repetible. No puede volverse normal, predecible, periódica".

La cultura de la derogación, de la legitimación del abuso (y por tanto de la violación de la ley) con el sello de la ley debe ser repudiada en su conjunto y con ella la idea (siempre latente, si se piensa que incluso en 2011 existía la posibilidad, 'más que remota, de una nueva amnistía de construcción) que la amnistía pueda ser reiterada en el futuro, hasta que se convierta, a partir de una excepción, en una regla [78].

Finalmente, es fundamental favorecer el cumplimiento general de las normas de protección apoyando la conciencia a nivel local de los problemas paisaje-ambientales. Como se observa eminentemente [79], los ciudadanos en sus espacios de vida, en su propia ciudad, a través de una experiencia directa de los lugares, sienten más la necesidad de salvaguardar la calidad de vida cuyo sustrato está representado precisamente por el buen paisaje-entorno. A partir de la propia experiencia directa se puede llegar a una consideración global de los problemas, a una comprensión de las implicaciones históricas, jurídicas y políticas del problema a nivel nacional.

Además, para frenar el ilegalismo generalizado, el verdadero flagelo de nuestro paisaje, es necesario superar el egoísmo general del propietario. Esta es la verdad punctum dolens del sistema a resolver a través de un proceso educativo, de socialización, que parte de las escuelas y deja claro que "la transformación de los asentamientos urbanos no se puede hacer únicamente sobre la base de las condiciones económicas y sociales emergentes, sino que debe ser considerada como un activo en curso, que requiere intervenciones y salvaguardias particulares "[80]. Es necesario comprender y hacer comprender a las personas que" el desarrollo económico debe manifestarse a través de obras inspiradas no solo en criterios económicos, sino también en valores culturales "[81] .

El resultado positivo de este proceso, sin embargo, depende principalmente de la vestimenta que el estado pretenda usar en el siglo XXI. Sólo si se invierte el rumbo y se reconstruyen las piedras angulares de un estado de bienestar (lo contrario del estado liberal pero también antidemocrático que los recortes en el gasto público en realidad están ayudando a delinear) capaces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, entonces será posible , en un contexto en el que los lazos de solidaridad no se rompen sino que se fortalecen, resurgir la importancia del paisaje como bien común y más en general del interés público como fundamento de la vida común.

En otras palabras, "en un orden que quiere ser democrático no solo en un sentido formal - es decir, quiere ser un estado social - y por eso se propone precisamente la mejora de la personalidad de todos los asociados y el material y El progreso espiritual de la sociedad en su integridad, los objetivos del desarrollo de la cultura, el gusto estético, la investigación científica y técnica (a los que apunta el artículo 9 de la Constitución) se colocan claramente como instrumentales y, con respecto a ellos, la protección, por parte del público. autoridades, del paisaje patrimonial, el arte y la historia del país se revela como un medio para un fin "[82].

[1] Además de la ley 98/2013, la ley de conversión de la denominada "decreto de hacer", recuerda la ley del 12 de julio de 2011, n. 106 y la ley de 4 de abril de 2012, n. 35. Estas medidas legislativas, como se indicará en las páginas siguientes, se caracterizan por un impacto significativo en las disposiciones contenidas en la tercera parte del Código.

[2] En términos, cf. Tar Veneto, sección II, 11 de febrero de 2010, n. 452 Campania Tar, secc. independiente de Salerno, 16 de febrero de 2012, n. 245 Contras. St., sección VI, 4 de diciembre de 2012, n. 7143.

[3] Así el art. 15 de la Ley Consolidada de la construcción, decreto del Presidente de la República 6 de junio de 2001, n. 380, que también establece un límite adicional a la efectividad del permiso de construcción cuando prescribe que las obras deben iniciarse dentro de un año a partir de la emisión del título.

[4] El esquema del reglamento de modificación, sujeto a la deliberación preliminar del Consejo de Ministros el 22 de diciembre de 2012, vio el acuerdo en la conferencia conjunta el 25 de enero de 2013 y recibió el dictamen favorable del Consejo de Estado. Actualmente, sin embargo, aún no ha entrado en vigor, debido a la retirada por parte del Ministerio de Patrimonio Cultural con el fin de realizar más investigaciones sobre el contenido del texto.

[5] Al respecto, también se observa que el mismo art. 1 establece que, si no se realizan cambios menores en el proyecto, la solicitud se somete al procedimiento ordinario a que se refiere el art. 146 del Código.

[6] Sobre el tema cabe señalar que el art. 146, párrafo 5, del Código establece que la opinión del superintendente adquiere carácter obligatorio, pero no vinculante, a partir de la aprobación de las prescripciones para el uso de los bienes paisajísticos protegidos, elaboradas de conformidad con los artículos 140, párrafo 2, 141, párrafo 1, 141-BIS y 143, párrafo 1, cartas B), C) es D), así como la verificación positiva por parte del ministerio a petición de la región afectada de la adecuación de los instrumentos urbanísticos a las previsiones de los planes paisajísticos.

[7 ] Ex plurimis ver Tribunal Constitucional, 10-17 de diciembre de 1997, n. 404, en www.cortecostituzionale.it, según el cual "constituiría un principio fundamental del ordenamiento jurídico que en materias de preeminente importancia constitucional, como las del medio ambiente, el paisaje y el patrimonio cultural, la gestión de la restricción , colocado para proteger tales intereses reforzados, requiere el ejercicio efectivo de las competencias por parte de la autoridad pública competente mediante la adopción de medidas expresas, que no pueden ser sustituidas por la fictio iuris de silencio-asentimiento ". Ver también Corte Constitucional núms. 302 de 1988 y 26 de 1996, en cortecostituzionale.it.

[8] S. Cassese (editado por), Tratado de derecho administrativo, Milán, 2003. Cfr. Corte Cost., 31 de enero de 1991, n. 37, en Jur. Costo., 1991, pág. 236, según el cual la conferencia de servicios prevista por el art. 3 de la ley de 5 de junio de 1990, n. 135, representa "un medio de simplificación y agilización de la acción administrativa", "un órgano mixto en el que en el ejercicio de las funciones administrativas están representados todos los actores involucrados en el proceso de ejecución de las obras, para que estos sujetos puedan confrontarse entre sí directamente y expresar sus posiciones encontrando, en un marco de evaluación global, soluciones de correcta y adecuada conciliación de las diferentes necesidades ”. Como señaló A. Natalini, Simplificaciones administrativas, Bolonia, 2002, "la conferencia de servicios permite examinar al mismo tiempo los distintos intereses públicos y privados implicados en el procedimiento con el fin de incrementar el nivel de coordinación entre las distintas administraciones tanto en términos de puesta en común de los elementos de investigación como en términos de de definición del contenido de la decisión. La conferencia de servicios representa la superación de la actuación secuencial de las administraciones públicas y el paso a una en la que las actividades también se realizan en paralelo o simultáneamente entre sí ”.

[9] Como se sabe, de conformidad con el art. 77 de la Constitución, las reformas supresoras producen efectos equivalentes a la no conversión parcial del decreto de ley, con la consecuencia de que la disposición inconvertida caduca ex tunc.

[10] De hecho, debe recordarse que la doctrina a menudo ha cuestionado la regulación de la conferencia de servicios especiales prevista en el procedimiento de autorización del paisaje. Algunos autores (G. Sciullo, Jornada de servicios e interés paisajístico, en Rvdo. jur. urb., 2011, 1 S. Amorosino, Patrimonio cultural, energías renovables, paisaje, estudios en curso, Nápoles, 2012) se han pronunciado a este respecto a favor del funcionamiento de la disciplina general de la conferencia de servicios, incluidas las disposiciones sobre consentimiento tácito y sobre el llamado mecanismo de superación de la disidencia calificada.

[11] La expresión "administración del paisaje" significa "el ahora complejo orgánico de las funciones de protección del paisaje y uso del territorio" (así P. Marzaro, Administración del paisaje, perfiles críticos reconstructivos de un sistema complejo, Turín, 2011).

[12] En este sentido S. Settis, Landscape Constitution Cemento, La batalla por el medio ambiente contra la decadencia civil, Turín, 2010.

[13] Así S. Amorosino, La gobernanza y protección del paisaje entre el Estado y las Regiones tras el segundo decreto correctivo del Código de patrimonio cultural y paisaje en Rvdo. jur. urb., 2009, 1-2.

[14] Sobre el tema cf. Corte Cost., Nn. 141/1972 239/1982 351/1986, más recientemente, sobre la clara distinción entre planificación urbana y protección del paisaje y el patrimonio cultural, véanse también los núms. 183/1987 417/1995 261/1997.

[15] Sobre el tema, consulte P. Carpentieri, Simplificación y protección del paisaje, en Rvdo. jur. urb, 2009, 1-2.

[16] Sobre el tema cf. D. Sandroni, El panorama en el segundo correctivo del Código: fortalezas, elementos críticos en Boletín XXII-XXIII. 83-88, enero de 2007 - diciembre de 2008, disponible en www.ufficiostudi.beniculturali.it. Véase también R. Chieppa, Viejos problemas y nuevos temas de planes y autorizaciones paisajísticas posteriores al decreto legislativo 26 de marzo de 2008, n. 63 , en Aedon, 2008, 3.

[18] P. Marzaro, Planificación del paisaje y activos paisajísticos: la centralidad del procedimiento en la duplicidad del sistema, en Rvdo. jur. urb, 2013, 1.

[19] P. Marzaro, Administración del paisaje, perfiles críticos reconstructivos de un sistema complejo, cit.

[20] Así, el P. Carpentieri, Régimen de limitaciones y convención europea, en Convenio Europeo del Paisaje, editado por G.F. Cartei, Bolonia, 2007. Es bien sabido que la autorización del paisaje juega un papel central en la administración del paisaje. De hecho, garantiza una actuación fiscal coherente y eficaz al régimen vinculante que establece la ley para la protección de los bienes paisajísticos (en este sentido ya expresó A.M. Sandulli Naturaleza y efectos de la imposición de restricciones paisajísticas, Actas de la Conferencia de Estudios Legales sobre Protección del Paisaje., Milán, 1963). Esto se debe a que, a través del sistema de autorización, todas las actividades antropogénicas en edificios o áreas de interés público son sometidas a un control preventivo, cuyo resultado es potencialmente capaz de producir una alteración en el estado de los lugares o bienes tales como prejuzgar aquellos valores, naturales y estéticos e histórico-culturales, que representan manifestaciones perceptibles de identidad paisajística (en términos de MR Spasiano, Comentar el art. 146, en Código de patrimonio cultural y paisajístico, editado por M.A. Sandulli, Milán, 2006).

[21] Cuidadosa doctrina (ver R. Chieppa, cit.) Al respecto se había señalado la escasa eficiencia del control de la mera legitimidad, destacando diversos factores que contribuían al debilitamiento de la protección. Se había observado que “la expedición de la autorización genera expectativas sobre el inmueble en el interesado que, en caso de anulación, conllevan prejuicios inocentes y en todo caso conducen al desarrollo de un litigio que muchas veces ve sucumbir al ministerio. . " Sobre el tema particularmente interesante es el análisis (S. Amorosino, Introducción a la ley del paisaje, Bari, 2011) que había resaltado que "la potestad del superintendente para cancelar las autorizaciones emitidas por los municipios -que estaba prevista transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2009, por el art. 159 del Código- se limitaba a razones de legitimidad solo que, como el organismo estatal no podía revisar las elecciones de mérito tomadas a nivel local, además era un poder que se ejercía muy raramente, el 3% de los casos, porque involucraba y responsabilizaba al superintendente (por ejemplo, tendría que ser constató cuántas autorizaciones, emitidas por los municipios turísticos, han sido canceladas por las respectivas superintendencias) ".El autor también destacó que "la mayoría de las veces los jueces administrativos -TAR y Consejo de Estado- anulan las ya raras disposiciones de la superintendencia para la cancelación de autorizaciones paisajísticas, con la motivación de que se basan en evaluaciones del mérito de la compatibilidad. de las obras con la protección del paisaje (avalúos excluidos a los superintendentes, que muchas veces son los únicos competentes). La consecuencia de estos factores es que, estadísticamente, las autorizaciones de paisaje, emitidas por municipios o provincias, son canceladas por la Los superintendentes (y cuya cancelación es confirmada por los jueces administrativos) son muy pocos, ciertamente menos del 1% del total ”. Desde este punto de vista, la expresión de la opinión emitida previamente por la superintendencia competente se consideró útil como herramienta de control en la fase procesal, como para remediar de forma anticipada cualquier problema de compatibilidad de las intervenciones con el paisaje (M. Ferretti, Ley de patrimonio cultural y paisaje, Nápoles, 2007).

[22] Al respecto es necesario señalar algunas detenciones jurisprudenciales recientes que, contraponiéndose a la orientación dominante, llegan a afirmar que, en relación con el carácter perentorio del término en el que debe expresarse, la tardía El dictamen de la superintendencia debe considerarse desprovisto de la efectividad que le atribuye la ley y que carece de valor obligatorio y vinculante (en términos de Cons. St., sección VI, 15 de marzo de 2013, núm. 1561). Las sentencias recién mencionadas no son del todo convincentes al no considerar que en el servicio público "en ausencia de una disposición específica que establezca expresamente el término como perentorio, imponiendo la pérdida de la posibilidad de acción por parte de la administración a su vencimiento o la sanción específica de caducidad, la misma debe entenderse como mera solicitud u ordenamiento y su superación no determina la ilegalidad del acto, sino una simple irregularidad no viciante "(en este sentido Cons. St., 27/02/2012 , n. 1084 VI, 19 de febrero de 2003, n. 939 V, 10 de enero de 1997, n. 33. Véanse también los números 8931 de 2010 y 140 de 2009). El juez administrativo asumió esta posición sobre la base de declaraciones fundamentales del Tribunal Constitucional.. Ex plurimis oración no. 267 de 18 de julio de 1997, en el que se indica que el incumplimiento de las facultades por parte de la Administración dentro del plazo para prestar no implica ex se, a falta de disposición expresa, la pérdida del poder, ni la pérdida de la efectividad de la coacción original. En tales casos, siempre que el legislador no haya atribuido un significado particular a la inercia-silencio, existe una ilegitimidad de conducta derivada del incumplimiento de obligaciones. Esta sentencia fue seguida luego en sentido confirmatorio por la sentencia núm. 355. Cabe recordar que la cuestión fue igualmente resuelta por la oficina legislativa del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales y Turismo, que con la nota núm. 18883 del 18 de octubre de 2011 aclaró que “el vencimiento del plazo legal para el superintendente no consume el poder relativo, ya que es un plazo, como es normal en el servicio público y en ausencia de aviso de caducidad, no perentorio , pero solicitando. Por lo tanto, en abstracto, nada impide que el Superintendente se pronuncie tardíamente fuera del plazo señalado por el reglamento ". Con la atención habitual, el despacho legislativo señaló entonces que "en esta eventualidad surgen dos hipótesis alternativas: si el municipio ya ha concluido (con total legitimidad al respecto) el trámite independientemente del dictamen ministerial, entonces se considerará el dictamen pronunciado tardíamente". tú mismo dato inútilEn caso contrario, “si el municipio (así como está en su facultad) aún no ha concluido el trámite con la aprobación de la autorización de paisaje, entonces el dictamen del superintendente mantendrá su efecto vinculante”.

[23] En este sentido, ver M.S. Giannini, Ley administrativa, vol. I, Milán, 1993, según el cual la opinión vinculante no puede definirse como una expresión de opinión, siendo más bien un acto de voluntad y decisión. Con respecto a los llamados las opiniones de los tomadores de decisiones ver E. Casetta, Manual de derecho administrativo, Milán, 2009. Cabe recordar que la jurisprudencia ha vuelto a conectar la impugnación autónoma con el carácter decisorio del dictamen, disponiendo que la norma según la cual el acto endoprocedimental no puede ser impugnado de forma independiente (el daño al ámbito jurídico del receptor del mismo siendo normalmente imputable al acto que concluye el procedimiento) encuentra una excepción en el caso de actos de carácter restringido (dictámenes o propuestas), aptos como tales para dar un rumbo ineludible a la determinación final, de actos interlocutorios, susceptibles de de provocar un arresto procesal capaz de frustrar la aspiración del instante a una pronta satisfacción del pretendido interés propuesto, y de los actos de fiscalización, que, posponiendo a un evento futuro e incierto en elun está en el Cuándo la satisfacción del interés pretendido afirmado por el particular, determine la detención indefinida del procedimiento que el mismo particular ha activado a petición suya, idóneo, como tal, para dar un domicilio ineludible a la determinación definitiva ". Los mismos Jueces, Además, han aclarado que “en el procedimiento previsto por el art. 146, decreto legislativo de 22 de enero de 2004, n. 42, el dictamen de la Superintendencia, autoridad encargada de la protección de la restricción paisajística, tiene un carácter imperativo y vinculante y, por tanto, adquiere una connotación no sólo consultiva, sino de poseer una capacidad autónoma que lesiona la ámbito jurídico del destinatario, insuperable y, por tanto, vigente cuando el interesado no ha presentado observaciones. La referida opinión, por tanto, es autónoma e inmediatamente lesiva y consecuentemente ex se apelable ante el tribunal "(Cons. St., sección IV, 4 de febrero de 2008, n. 296 Cons. St., sección IV, 11 de marzo de 2004, n. 1246 Cons. St., sección IV, 11 de marzo de 1997, n. 226 Cons. St., sección VI, 9 de octubre de 1998, n. 1377 Tar Lazio, Roma, sección I, n. 2223 de 2012 Tar Campania, Salerno, sección I, 7 de diciembre de 2011, n. 1955 Tar Lombardia, 10 Abril de 2012, n. 598 Tar Puglia, Lecce, sección I, 3 de diciembre de 2010, n. 2784).

[24] P. Marzaro, Planificación del paisaje y activos paisajísticos: la centralidad del procedimiento en la duplicidad del sistema, cit. Véase también G.F. Tarjetas Código del patrimonio cultural y el paisaje y la Convención Europea: una comparación, en Aedon, 2008, 3.

[25] Así el P. Carpentieri, Régimen de limitaciones y convención europea, cit.

[27] P. Marzaro, Planificación del paisaje y activos paisajísticos: la centralidad del procedimiento en la duplicidad del sistema, cit.

[28] En este sentido R. Chieppa, op. cit.

[29] Sobre el tema, ver más recientemente Cons. St., sección VI, 12 de diciembre de 2012, n. 6372 que establece que: "la relación jurídica entre la restricción paisaje-ambiental y el plan de paisaje es tanto, en un sentido diacrónico como procedimental, de presuposición (Corte Cost., 13 de julio de 1990, n. 327 7 de noviembre de 1994, n. 379 28 de julio de 1995, n. 417 Cons. St., sección VI, 14 de enero de 1993, n. 29 VI, 14 de noviembre de 1992, n. 873 VI, 30 de marzo de 1994, n. 450 VI, 4 de abril de 1997, n. 553 VI , 20 de enero de 1998, n. 106), tanto, en sentido jerárquico y sustancial, de subordinación del plano a la coacción, como de superordinación del propio plano a la autorización: y esto bien para el plano de paisaje, o para las áreas sujetas a estas limitaciones y limitadas a lo que concierne a la gestión de las propias limitaciones, para el plan urbano-territorial con una consideración específica de los valores paisajísticos y ambientales, de modo que el plan ocupa, en este sistema, una posición intermedia entre la limitación y la autorización. La jurisprudencia, constitucional y administrativa, tiene de hecho sustancialmente individual utilizó en el plan de paisaje una herramienta para implementar la restricción, como un acto destinado a regular su funcionamiento (Tribunal Constitucional, 13 de julio de 1990, núm. 327) y determinar los alcances, contenidos, límites y efectos de la coacción ya impuesta, concretizando un momento lógicamente posterior de su reglamentación (Corte Constitucional, 28 de julio de 1995, núm. 417), orientada a una mayor disciplina, en el sentido de superar la inevitable episódica derivada de un régimen puramente de autorización, la operación de la restricción paisajística, que en todo caso persiste y no cesa (Cons. St., sección VI, 14 de enero de 1993, n. 29 Cons. St., sección VI , 20 de enero de 1998, n. 106) Esta relación de contenido progresivamente especificada es coesencial de la misma relación de presuposición, según la cual un plan de paisaje no puede adoptarse excepto para áreas que ya han sido sometidas a una restricción paisaje-ambiental. Si esta necesidad tiene un sentido, para el cual la restricción es un antecedente lógico y jurídico indispensable del plan de paisaje, no es sólo en el sentido formal que la existencia de la restricción legitima el ejercicio posterior del poder de planificación del paisaje, sino también en el sentido sustancial de que, dada la distinción recíproca y el proceso procesal diferente, el acto que presupone (es decir, el plan) no puede, al explicarlo, derogarlo, sino que debe mantener intacto el contenido prescriptivo del acto presupuesto (la restricción), Se puede ubicar con respecto a él solo en un sentido derivado, como una aclaración adicional de la propiedad coercitiva de la restricción (constituida por la imposición de la evaluación previa de la compatibilidad paisaje-ambiental de las intervenciones). Por lo tanto, el plan de paisaje, al dictar la legislación específica para el uso del territorio restringido, nunca podrá derogar, para partes de ese territorio, o para categorías de obras, la necesidad de autorización, porque la evaluación de compatibilidad que preside la autorización constituye el efecto legal típico de la restricción, y excluirla significaría derogar la restricción liberando áreas o intervenciones. De lo contrario, el plan de paisaje se daría cuenta del efecto práctico no de una herramienta de implementación y, por lo tanto, de realización de la función conservadora de la restricción, sino de un instrumento de atenuación y, por lo tanto, hasta el límite de la negación o al menos de la evitación, por sí mismo efectos conservadores del bono y su régimen. El contenido preceptivo de la restricción consiste, como se mencionó, en la imposición del juicio previo de compatibilidad de la obra a realizar con las necesidades de conservación del área protegida y por ende con los valores ambientales y paisajísticos específicos del área ( Cons. St., sección VI, 11 de junio de 1990, núm. 600), sentencia que se expresa en el otorgamiento o denegación de la autorización de paisaje. El plan de paisaje se sitúa, por tanto, entre la restricción paisaje-ambiental y la autorización, en una posición verticalmente intermedia, obligatoria (porque su adopción es obligatoria: Tribunal Constitucional, 27 de junio de 1986, n. 153) pero no necesaria (porque la restricción explica sin embargo su efectos incluso en ausencia del plan de paisaje, e independientemente de él). Se deriva en resumen de todo lo que el plan de paisaje, al estar en una posición inferior, tiene su título y límite en la restricción y no puede modificarlo o derogarlo, sino que solo puede precisar sus contenidos preceptivos, y el contraste entre los dos resuelto a favor. del vínculo ".

[30] Sobre el tema, ver inmediatamente infra.

[31] S. Amorosino, De la disciplina (estática) a la regulación (dinámica) del paisaje: una reflexión general, en Urbanismo y paisaje, Nápoles, 2006, donde se afirma que “la protección (.) Para el paisaje es la determinación de usos y transformaciones compatibles y se lleva a cabo a través de un instrumento - la planificación espacial de una vasta área (.).

[32] Así el P. Baldeschi, Territorio y paisaje en la disciplina paisajística de la Región Toscana y en el PUT. Consideraciones y propuestas, Informe realizado en la reunión de estudio El territorio: formas, usos, garantías, organizado por las facultades de Arquitectura y Derecho de la Universidad de Florencia (Florencia, 15 de junio de 2007).

[33] Nos referimos, en particular, a las áreas protegidas de interés arqueológico ope legis de conformidad con el art. 142, lett. metro), del Código. Sobre el tema, cf. D. Sandroni, Comentar el art. 142, en El Código de Patrimonio Cultural y Paisajístico. Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, editado por R. Tamiozzo, Milán, 2005 G. Sciullo, Las limitaciones del paisaje ex lege: orígenes y justificación , en Aedon, 2012, 1-2.

[34] Constituyentes el "otro paisaje", según la expresión de P. Marzaro, en Planificación del paisaje y activos paisajísticos: la centralidad del procedimiento en la "duplicidad" del sistema, cit., o las limitaciones del "cuarto tipo", según la expresión de P. Carpentieri, en El segundo "correctivo" del código de patrimonio cultural y paisaje, en Aplicación Urb., 2008, 6. En opinión de D. Sandroni, El panorama en el segundo correctivo del Código: fortalezas, elementos críticos, cit., el uso del término contextos aboga por la identificación de áreas - y no edificios - que constituyen una especies digno de protección como expresión de los activos de identidad típicos de una región (como las Crete Senesi, los territorios de las granjas de Apulia, la campiña romana).

[35] Así S. Amorosino, La gobernanza y protección del paisaje entre el Estado y las Regiones tras el segundo decreto correctivo del Código de patrimonio cultural y paisaje, cit.

[36] En este sentido, sobre la relevancia de ambos institutos, el P. Carpentieri, Régimen de limitaciones y convención europea, cit.

[37] Véase P. Carpentieri, Comentar el art. 135, en Comentario al Código de Patrimonio Cultural y Paisajístico, editado por G. Leone y A.L. Tarasco, Padua, 2006, según el cual la regla, a saber, el art. 135, "confirma el traspaso de la función de planificación del paisaje a la competencia regional, ya realizado con el Decreto Presidencial nº 8 de 1972".

[38] Sobre el tema, cf. G. Ciaglia, La nueva regulación del paisaje, protección y mejora de los activos del paisaje después del decreto legislativo n. 63/2008, 2009. El texto contiene el informe explicativo elaborado por el ministerio con motivo de la emisión de la denominada segundo decreto correctivo. Destaca principalmente las razones de la renovada distribución de competencias en materia de ordenación del paisaje: "en el ámbito de la ordenación del paisaje, también a la luz de la jerarquía de los intereses públicos propios del territorio, tal y como señala la sentencia de la Corte n. 367 /. 2007, se consideró oportuno asegurar al Estado, titular del interés primordial, el de la conservación del paisaje delimitado, un rol significativo, de coordinación operativa, en la definición de normas para el uso del territorio delimitado específicamente dirigidas a velando por la conservación de sus rasgos característicos desde el punto de vista paisajístico. Por ello, el artículo 135, que se encuentra íntegramente revisado, además de definir los contenidos generales de los planes de paisaje, cuya redacción, también de acuerdo con lo dispuesto en la normativa constitucional juez con la última sentencia mencionada, se delega en las regiones, establece, en el párrafo 1, ulti “En el plazo máximo, que la redacción de los planes, por la parte relativa al patrimonio paisajístico en su propio sentido, sea realizada conjuntamente por el Ministerio y la región competente en cada momento”.

[39] Sobre la relevancia del principio de colaboración leal, ver ex plurimis sentencias núms. 157/1998 y 437/2000 según las cuales “la protección del paisaje y las bellezas naturales se encomienda a un sistema de intervención pública basado en competencias estatales y regionales que concurren o se cruzan, en una implementación legislativa que requiere la ponderación de los intereses respectivos , con la observancia en todo caso del principio de competencia equilibrada y cooperación entre las dos competencias, en relación con los momentos fundamentales de la disciplina establecida para proteger el paisaje ”.

[40] P. Marzaro, Planificación del paisaje y activos paisajísticos: la centralidad del procedimiento en la duplicidad del sistema, cit.

[41] En este sentido G. Ciaglia, La nueva regulación del paisaje, protección y mejora de los activos del paisaje después del decreto legislativo n. 63/2008, cit. Véase también G. Severini, Comentar los artículos 1 y 2, en Código de patrimonio cultural y paisajístico, cit., en la opinión de que "si bien la ley consolidada de 1999 era, como la legislación anterior, el órgano regulador de la protección, el Código es el órgano regulador tanto de la protección como de los principios fundamentales de mejora". Cabe señalar que la primera afirmación reglamentaria del concepto de mejora se remonta al establecimiento del Ministerio de Patrimonio y Actividades Culturales. En los años siguientes, la noción de puesta en valor encontró su reconocimiento tanto en la legislación de 1985 como en el decreto legislativo 112/1998 que hacía referencia expresa a la puesta en valor del patrimonio cultural y ambiental.

[42] L. Casini, Más allá de la mitología jurídica del patrimonio cultural , en Aedon, 2012, 1-2. Se debe hacer referencia a este documento para un examen detenido de la evolución regulatoria y las deficiencias definitorias que han caracterizado las disposiciones de la ley en la materia, hasta el punto de poder definir la valorización como una verdadera "quimera".

[43] El fracaso en la explotación del potencial de la función de valorización ya lo señaló a finales de la década de 1990 S. Cassese., Patrimonio cultural: de la protección a la puesta en valor, en Día dir. adm., 1998.

[44] L. Casini, La puesta en valor del patrimonio cultural en Rvdo. podar. dir. publ., 2001. También hay una sentencia muy reciente de la Corte Constitucional, 3 de julio de 2013, n. 194 según el cual en nuestro ordenamiento jurídico existiría "una suerte de contigüidad ideal, dentro de los límites permitidos, entre las distintas funciones de protección y realce. Estas funciones, aunque identificadas en su propio ámbito, en su propio ámbito diferenciado de intervención, trabajar juntos, independientemente de la división de competencias legislativas, la salvaguardia del patrimonio cultural, definido por el Consejo como "patrimonio intrínsecamente común, no susceptible de fragmentación arbitraria o inaceptable pero, al mismo tiempo, naturalmente expuesto a la multiplicidad y al cambio y , por tanto, encomendado, sin especificación, al cuidado de la República ”.

[45] Así, S. Civitarese Matteucci, Comentar el art. 131, en El código de patrimonio cultural y paisajístico, editado por C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bolonia, 2007. Véase también T. Alibrandi, P.G. Hierros, Patrimonio cultural y medioambiental, Milán, 2001, que excluyen la posibilidad de separar entre protección, mejora y gestión, por tratarse de actividades predeterminadas para el uso público.

[46] S. Amorosino, Comentar los artículos 138 a 165, en La nueva disciplina del patrimonio cultural y medioambiental. Comentar el texto consolidado aprobado con d. pierna. 29 de octubre de 1999, n. 490, editado por M. Cammelli, Bolonia, 2001.

[47] Sobre el tema, véase T. Alibrandi y P.G. Hierros, Apéndice cit. y Torregrossa, La protección del paisaje en la ley 8 de agosto de 1985, n. 431 (la llamada ley Galasso), en Rvdo. jur. ed. 1986 G. Famiglietti y V. Giuffré, El régimen de áreas de especial interés ambiental, cit. Ya según estos autores "el estatuto de los bienes destinados a fines paisajísticos y paisajísticos-ambientales se caracteriza históricamente no por una prohibición absoluta de las transformaciones sino por el control de la compatibilidad de los proyectados con la existencia de la propia restricción". Sobre el dinamismo de la protección del paisaje, ver el citado informe ministerial que acompaña a la que se convertiría en la ley núm. 1497 de 1939. Sobre este tema ver también Tribunal Constitucional, 7 de noviembre de 1994, n. 379.

[48] ​​T. Alibrandi, P.G. Hierros, Patrimonio cultural y medioambiental, cit.

[49] G. Severini, Mejora del paisaje, en Federalismi.it, 2006, 11.

[50] Según G. Severini, Comentar los artículos 1 y 2 del Código., en El Código de Patrimonio Cultural y Paisajístico, editado por M.A. Sandulli, Milán, 2012 "el Código ha traído consigo la disposición del concepto de mejora".

[51] En este sentido, cabe señalar que la unidad del patrimonio cultural, ya deducible de la promulgación simultánea de las leyes de 1939, e incluso antes por las leyes de 1909 y 1922, surge claramente de la obra de Franceschini Comisión de 1964 y es reconocida en pluralidad de detenciones efectuadas por la Corte Constitucional en relación con las denominadas "Valor estético-cultural del paisaje" (ver Tribunal Constitucional, n. 151/1986). Antes de la entrada en vigor del Código, el concepto unitario queda legalmente evidenciado por la Ley Consolidada de 1999. Sobre el tema ver G. Severini en la doctrina, Comentar los artículos 1 y 2 del Código., cit. Sobre la base histórica, conceptual y legal común de los dos tipos de bienes que dan vida al patrimonio cultural, ver también Cons. St., sección VI, 3 de julio de 2012, n. 3893.

[52] P. Carpentieri, Comentar el art. 6, en El Código de Patrimonio Cultural y Paisajístico. Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, cit.

[53] Así leemos en el informe ministerial al llamado segundo decreto correctivo.

[54] P. Carpentieri, Comentar el artículo 101, en El Código de Patrimonio Cultural y Paisaje, Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, op. ult. cit. Según el autor, con esta noción "se devuelve a la protección la conexión intrínseca con la garantía de un mínimo de uso público que pertenece a su intrínseca dimensión finalista ".

[55] L. Casini, Valorización y uso del patrimonio cultural, en Día dir. adm., 2004.

[56] La prevalencia de las necesidades de protección ya había sido reportada en la doctrina por M. Ainis y M. Fiorillo, I patrimonio cultural, en Tratado de derecho administrativo, cit.

[57] Estas áreas, precisamente en virtud de la degradación que las caracteriza, necesitan aún más protección. En términos, consulte Contras. St., sección VI, 26 de noviembre de 2005, n. 6756.

[58] Así, M.P. ¿Quién eres tú? Simplificación de reglas y simplificación de procedimientos: ¿aliados o adversarios?, en Agujero admitido - C.d.s., 2006.

[59] En este sentido S. Settis, pássim.

[60] T. Bonetti, Simplificación administrativa y competitividad del sistema nacional, en Rvdo. podar. dir. publ., 2008.

[61] Cabe recordar que de conformidad con el art. 159 “Hasta el 31 de diciembre de 2009, el trámite de expedición de la autorización de paisaje se rige según el régimen transitorio a que se refiere este artículo. Diciembre de 2009 aún no ha concluido con la expedición de la correspondiente autorización o homologación”.

[62] Dudas sobre la escasa extensión de las intervenciones de ampliación hasta el 10% del volumen o hasta 100 metros cúbicos y las de demolición y reconstrucción de acuerdo con la forma y el volumen de S. Settis, pássim. En doctrina (S. Amorosino, Autorizaciones paisajísticas: de la simplificación para intervenciones menores a la reforma general, en Rvdo. jur. urb., 2011, 1) se subrayó la necesidad de poner en marcha un diseño técnico político de simplificación razonada y moderada del asunto, reconociendo que "dada la extrema delicadeza del objeto - que es el paisaje y su protección - no es concebible utilizar el 'acepta, como algunos aspiran y, recurrentemente, planean hacer, suprimiendo párrafos, artículos, leyes, etc., hasta la total liberalización. Si esto es - tal vez - concebible para algún otro sector - en el que la inherencia de intereses públicos es menos vinculante, es impensable desde el punto de vista del paisaje ".

[63] Sobre la base de una jurisprudencia unívoca "prevalece el interés por la protección del medio ambiente, y en particular del paisaje, sobre el orientado a regular el uso del territorio y las mismas competencias en el planeamiento urbanístico, subordinadas al plan, debe perseguir la transformación del suelo asumiendo también como parámetro la salvaguarda y protección del medio ambiente y esto en el contexto de las intervenciones, el paisaje y el urbanismo, no sin conexiones, pero referible al ejercicio de competencias autónomas en términos de contenido y supuestos, concebidos en el sistema actual de tal manera que, en la estructura de competencias, el instrumento del plan territorial territorial está destinado a solaparse con lo dispuesto en el plan maestro, ya que el primero tiene como finalidad identificar el límites del desarrollo urbano con el propósito de salvaguardar un sistema ambiental caracterizado objetivamente por elementos que lo hacen digno de protección y originalmente interés público (Tar Lazio, 9 de octubre de 1997, n. 1472 Contras. St., sección VI, 6 de abril de 1987, n. 242 y 14 de enero de 1993, n. 29, así como el Lazio TAR, secc. I, 20 de septiembre de 1989, n. 1270). Por tanto, en la planificación del territorio "el Municipio no puede en ningún caso descuidar la existencia y contundencia de los planes paisajísticos elaborados por la región, dada la unidad tendencial y homogeneidad de las previsiones que deben caracterizar, en una estructura global coordinada, la diversas herramientas de planificación para el territorio, el poder de planificación está predestinado para la planificación ordenada y el desarrollo de las áreas habitadas y la salvaguardia no solo de los valores urbanos sino también ambientales existentes (Tar Lazio, sección II, 14 de diciembre de 1998, no. 1028 Cons St., sección IV, 14 de diciembre de 1993, n. 1068). Para un examen en profundidad del tema, véase G. Ciaglia, Protección y mejora de los bienes del paisaje después del decreto legislativo n. 63/2008, cit.

[64] En efecto, la extensión del ámbito territorial considerado en los planes fue cuestionada a raíz de la emisión del decreto correctivo de 2008, que en relación con el párrafo 2 eliminó la referencia a todo el territorio regional. El actual apartado 2 establece, por tanto, que "los planes de paisaje, con referencia al territorio en cuestión, reconocen sus aspectos y características peculiares, así como las características del paisaje y delimitan sus respectivos espacios. Y sin embargo, la opinión predominante es la de creer que La desaparición de una referencia específica al territorio regional en su totalidad no provoca un cambio en el área de referencia que se sigue produciendo en todo el territorio de la región. En apoyo de esta interpretación, dos índices inequívocos vienen al rescate. sólo el citado apartado 1 que trata expresamente de la totalidad del territorio, pero también de la misma circunstancia que el reconocimiento de las características del territorio y la delimitación de áreas sólo se puede lograr en virtud de un análisis global.

[65] Véase S. Civitarese Matteucci, Planificación del paisaje: coordinación con otras herramientas de planificación , en Aedon, 2005, 3, quien, considerando la relación entre los planes de paisaje y los planes locales no suficientemente aclarados en términos legales, observa que el principal punto problemático "radica en el hecho, no tanto de que el plan se configura como un conjunto de directrices y conformes prescripciones del territorio (plan mixto), así como las mismas disposiciones tomadas individualmente para participar de ambos tipos. Por un lado, de hecho, los instrumentos de planificación deben adaptarse (véanse los párrafos tercero y cuarto) - y aquí el plan El paisaje tiene el carácter de una "regla interna" a la relación de coordinación -gestión entre sujetos con competencias urbanísticas (Sciullo) -, por otro lado, las disposiciones de los planes de paisaje prevalecen inmediatamente sobre las distintas disposiciones contenidas en los instrumentos urbanísticos: estas son dos cosas difíciles de conciliar: ¿significa esto, sin embargo, que la primera deroga la segunda? nte está fuera de lugar hablar de transposición) - solo tendría un significado informativo, no tendría contenido de voluntad (. ) ". G. Sciullo también suscita dudas, Territorio y paisaje , en Aedon, 2007, 2: "la heterocoordinación se delinea en términos de la superordinación del plan de paisaje sobre los planes locales. Pero no está claro en qué términos esto se traduce exactamente, hablando de la disposición de" predominio inmediato "sobre las diferentes disposiciones contenidas en de los instrumentos urbanísticos, sino también de las "normas de salvaguardia aplicables a la espera de la adaptación de los instrumentos urbanísticos", es decir, dos mecanismos lógicamente alternativos. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el siguiente apartado (apartado 4) - fijar un plazo para que las autoridades locales adapten sus planes para el paisaje del plan: me inclinaría a pensar que el plan deriva solo una restricción de conformación para la planificación local, una restricción asistida por la posibilidad de que el plan con medidas de salvaguardia paralice los efectos de otros planes en contraste con sus pronósticos (esto resolvería la mencionada "prevalencia inmediata").

[66] Tribunal Constitucional, 15 de marzo de 1985, n. 94, en cortecostituzionale.it.

[67] Véase P. Carpentieri, Régimen de limitaciones y convenio europeo, pássim.

[68] Sobre la pertinencia de las prescripciones de uso, consulte P. Marzaro, Perfiles reconstructivos críticos de la administración del paisaje de un sistema complejo, cit.

[69] Así S. Settis, op. cit.

[71] Sobre el debate parlamentario celebrado en el seno de la Asamblea Constituyente sobre el principio enucleado por el art. 9 de la Constitución ver siempre S. Settis, pássim. y G. Ciaglia, pássim.

[72] Así G. Della Loggia, Corriere della Sera, 2 de agosto de 2010.

[73] En este sentido, véase S. Amorosino, La gobernanza y protección del paisaje entre el Estado y las Regiones tras el segundo decreto correctivo del Código de patrimonio cultural y paisaje, cit.

[74] Sobre el tema de simplificación y garantía del interés paisajístico, ver P. Marzaro, Administración del paisaje, perfiles críticos reconstructivos de un sistema complejo, cit. Además, conviene recordar que la simplificación afecta a las atribuciones, a la distribución de competencias y por tanto al grado de protección de los intereses, ya que "la opción de atribuir una competencia específica a un organismo y no a otro es ya en sí misma una forma de proteger un interés "(L. Casini, El equilibrio de intereses en el gobierno del territorio, Milán, 2005).

[75] Sobre el tema S. Settis, pássim.

[76] Así S. Amorosino, La gobernanza y protección del paisaje entre el Estado y las Regiones tras el segundo decreto correctivo del Código de patrimonio cultural y paisaje, cit.

[77] Tribunal Constitucional, nn. 416 de 1995 y 196 de 2004, en cortecostituzionale.it.

[78] Sobre el paisaje, la amnistía introducida en 2004, véase también P. Carpentieri., La amnistía del paisaje, en Aplicación Urb., 2005, 3.

[79] Así que nuevamente S. Settis, pássim.

[80] La Comisión Franceschini, establecida en 1964 con funciones investigadoras para la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, arqueológico, artístico y paisajístico, ya se expresó en este sentido. Sobre el trabajo de la comisión, cf. D. Antonucci, Código de patrimonio cultural y paisajístico comentado, Nápoles, 2009.

[81] Así F. Merusi, Art. 9, en Comentario a la Constitución, editado por G. Branca, I, Bolonia, 1975.


Más que un hábitat El paisaje italiano es nuestro activo cultural más importante y debe ser preservado

El paisaje como bien cultural es el resultado de estratificaciones y acciones llevadas a cabo de forma sustancialmente dialéctica. Vive tanto en su propia dimensión histórica como en la proyectada hacia el futuro, no puede cristalizarse, estandarizarse, sujeta como está a incesantes transformaciones físicas, jurídicas y económicas, a las de la comunidad y a las peculiaridades de los territorios. Es cultura, narración, reconocimiento, pero también sujeto-objeto bueno y legal, y como tal es central para la definición y evolución social de la identidad, no solo a nivel local. Una complejidad interpretativa que repercute no solo en cómo se protege el paisaje en sí, sino también en cómo se cuenta (rural, hábitat naturalista, patrimonio y testimonio histórico-cultural, polo turístico) percibido y apreciado y solo a partir de ahí, entonces, valorado y protegido.

Aquí entonces, hoy más que nunca, en un momento histórico en el que el paisaje mismo nunca nos ha parecido tan lejano, hay que tener esto presente: pensar en lo que determina la actitud de las personas hacia el paisaje, escuchando sus voces, interpretaciones, y reflexionar cuidadosamente sobre su valor y sobre la definición personal y común de este valor.

Tratar de poner orden en esta complejidad, en principio, para Italia, fue nuestra Carta Constitucional, en el art. 9: «La República promueve la cultura y la investigación científico-técnica. Protege el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la nación ». Un rasgo jurídico claro, de excepcional clarividencia e innovación (de 1947) que, vinculando la promoción de la cultura y la investigación a la protección del paisaje y del patrimonio histórico-artístico, "no proclama un principio abstracto, sino que establece una línea concreta de actuación". acción ligada a los derechos esenciales del ciudadano […] derechos que contribuyen al progreso espiritual de la sociedad y al desarrollo de la personalidad individual ”(Settis).

En el contexto de la UE, por otro lado, tenemos el Convenio Europeo del Paisaje (COE, 2000) para esbozar una indicación clara sobre el tema y su importancia. Aquí se convierte en un "elemento clave del bienestar individual y social" que consiste esencialmente en y en la "percepción del territorio que tienen quienes lo habitan o lo frecuentan de diversas formas". Un punto de inflexión trascendental en la propia idea de paisaje, de sus propias prerrogativas como hábitat humano como activo complejo y cambiante, vinculante de la comunidad, garantía de ciudadanía e instrumento de igualdad entre los ciudadanos, por tanto de democracia.

Además, Italia, en la ratificación de la misma Convención (DL 9 de enero de 2006, n. 14), también añade que "las personas tienen derecho a vivir en un paisaje que les sea agradable". Un punto de inflexión en el punto de inflexión, que trae consigo perspectivas y responsabilidades inéditas en lo que concierne no solo a la protección, sino también a la mejora de la calidad perceptiva del paisaje. De hecho, es "la percepción de las poblaciones, es decir, el sentido sociocultural que atribuyen a sus lugares de vida, lo que marca la transición de la porción del territorio al paisaje" (Michela Saragoni).

El hombre y su entorno están unidos por una interrelación "circular", en una capacidad mutua de influencia y modificación. Un proceso de elaboración cultural y de significados comunes y personales, no solo como un mero proceso fisiológico, en el que la esfera emocional e identitaria de la sociedad, junto con los procesos de identificación y sentido de pertenencia, adquieren un nuevo valor: la percepción social es un elemento estructural del paisaje tanto como el paisaje mismo es un elemento estructural de la sociedad.

Porque considerar la calidad del territorio en una perspectiva recíproca significa, por un lado, que su percepción tiene (debe tener) un papel fundamental en la definición del nivel de calidad del propio paisaje y, por otro, que la calidad del paisaje. paisaje a su vez, tiene la capacidad de afectar la calidad de vida humana. Desafortunadamente, sin embargo, según los últimos análisis de BES de ISTAT (2018), que encuentran que "si bien la calidad percibida de los lugares de vida tiende a empeorar, cada vez menos italianos consideran el problema de la degradación del paisaje como una prioridad", o nuevamente, mirando En el "Perezoso" Día Internacional del Paisaje, celebrado estos días sin mucho entusiasmo, el panorama general que se nos presenta es oscuro y salpicado de muchas preguntas aún abiertas, especialmente en lo que se refiere a la percepción de la importancia personal y compartida del paisaje.

Como el "patrimonio cultural" más noble, incluso el paisaje, natural o urbano, lamentablemente paga el hecho de que todavía se percibe con demasiada frecuencia como un elemento ajeno a uno mismo. Y, si se considera, casi siempre es así en una clave limitante más que como un elemento de desarrollo social y económico potencial. Para revertir esta peligrosa tendencia que empuja al abandono y la negligencia, presagios de degradación y laceraciones, entonces es necesario que las "políticas de paisaje", hoy consideradas cada vez más estratégicas en el contexto de la gobernanza territorial sostenible, apunten a potenciar el papel de las comunidades locales en el dinámica de gestión y participación activa de esos mismos territorios, especialmente en las nuevas generaciones.

Es necesario reafirmar una nueva cultura del paisaje que surge de sus narrativas, de sus voces, para facilitar la conservación y difusión de las singularidades de los lugares y las diversidades territoriales en general capaces de expresar las necesidades y valores esenciales de quienes representarlos en ese territorio. y testimonio vivo, para fortalecer el sentimiento de pertenencia y arraigo que cuida a los sujetos más sensibles y vulnerables, con especial referencia a los niños (que heredarán lo que dejaremos atrás) para reconstruir lo tradicionalmente existente. relaciones entre sociedad y territorio. Trabajar en esto entonces, en escuelas, municipios, universidades, bibliotecas, en todos los centros culturales del territorio y más allá.

Trabajar para crear conciencia basada en un principio de sana pertenencia y responsabilidad. No tanto por obtener un nivel aceptable de calidad paisajística, agradable según las estadísticas, sino porque el desarrollo de la sensibilidad y la conciencia generalizada es hoy el único verdadero garante para la consecución de un equilibrio dinámico en el desarrollo tanto de las ciudades como de los territorios, como así como del corazón y la mente de quienes viven en esos territorios. Un desarrollo justo capaz de limitar la desigualdad actual en la calidad de los tejidos urbanos, así como reducir, si no eliminar, el aumento de las disparidades sociales, económicas y territoriales. Un valor para recordar hoy para poder relanzarlo con fuerza mañana y alimentarlo con un alto potencial de recuperación.

También porque la discusión sobre la reactivación del turismo se reaviva desde muchos lados y con cada vez más insistencia, un tema muy ligado a la "explotación" del paisaje. Una comparación en la que, sin embargo, todavía se elude que el turismo es también ante todo un fenómeno social y cultural (y por tanto económico) ligado al movimiento de personas, y que éste, independientemente de ser una "aglomeración" de servicios, incide en ritmos y equilibrios tanto para los lugares visitados y para los propios visitantes tiene un impacto en la economía pero también en el medio natural y el de las ciudades, en la población local.

En este sentido, es necesario revisar los estándares estadísticos existentes para medir este turismo fantasma sobre el que tanto se debate. Normas que, lamentablemente, todavía se centran principalmente en la medición de los flujos turísticos en términos de su “contribución” económica. Entonces, antes de reducir todo a la mecánica ante covid, es necesario tomar conciencia de la necesidad de trabajar de manera concreta en un nuevo concepto polifacético de turismo en el que se entrelaza un uso óptimo de los recursos ambientales locales, o la preservación de los recursos naturales y socio- autenticidad cultural de las comunidades de acogida, hasta garantizar operaciones económicas y de empleo que puedan ser implementadas a corto y largo plazo.

En este sentido, es necesario identificar nuevas métricas y estadísticas para medir la sostenibilidad del nuevo turismo en todas sus dimensiones - económica, social y ambiental, y esto debe hacerse ahora mismo para definir objetivamente políticas turísticas verdaderamente innovadoras para la recuperación, capaces de de hacer del sector un recurso sostenible cuyo potencial contribuya a la realización de una nueva temporada de desarrollo, y no solo de explotación (de nuestro preciado “petróleo”).


Video: Propuestas inclusivas para dar una respuesta a la diversidad del aula.